La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ordenó ayer al Ministerio de Minería y Metalurgia, el Viceministerio de Culturas y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) elaborar un proyecto técnico sustentable para que en un periodo de dos años se puedan consolidar las medidas más aconsejables para la preservación del Cerro Rico de Potosí.
La medida fue dispuesta en una audiencia de acción popular que fue planteada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contra las autoridades mencionada porque no estaban encarando de forma correcta las medidas tendentes a frenar el deterioro de la montaña que ostenta el título de patrimonio de la humanidad.
La decisión surge tras una inspección a la cumbre del Cerro Rico de Potosí donde se pudo comprobar el grado de fragmentación de la roca y el proceso creciente de deterioro de los hundimientos que están poniendo en riesgo el llamado “sombrero de hierro”.
También se estableció que el proceso de intervención para salvar el yacimiento minero se debe incorporar al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí que cuenta con la capacidad de disponer equipos que podrían contribuir en gran medida a atender las necesidades emergentes del deterioro de la cumbre.
Se dispuso que la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) investigue que fue de las cuentas de las tres instituciones públicas que están siendo procesadas porque en una anterior audiencia se dispuso el congelamiento de cuentas.
