El Ministerio Público avanza en la investigación de al menos cuatro casos relacionados con la muerte de mineros en el Cerro Rico de Potosí y zonas aledañas. La pesquisa apunta a establecer responsabilidades de los dueños o administradores de yacimientos por posible negligencia en el tipo de seguridad que implementan para sus trabajadores.
El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó que los fiscales asignados realizan un análisis técnico a los nuevos casos denunciados, al margen de los cuatro, para determinar si corresponde ampliar las acusaciones contra los responsables de las cooperativas mineras.
"En uno de esos casos, hemos dispuesto la aprehensión de los propietarios o responsables de una cooperativa minera, quienes ya fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares", señaló Aparicio. Sin embargo, evitó precisar las razones sociales de las cooperativas investigadas, indicando que varias están bajo evaluación.
De enero a la fecha, se registraron 37 muertes de trabajadores mineros en distintas minas del Cerro Rico y áreas cercanas. Entre las víctimas figuran dos mujeres y dos menores de edad. La mayoría de los fallecimientos ocurrió en dos o tres minas específicas, presumiblemente debido a las condiciones de inseguridad de los socavones.
