El Ministerio Público ejecutó allanamientos simultáneos en las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía y en la dirección de la unidad educativa de Lagunillas, como parte de la investigación por el incendio del bus escolar que cobró la vida de cinco estudiantes y dejó a otros diez gravemente heridos.
Una comisión de fiscales secuestró documentación clave y no descarta ampliar la investigación contra otras autoridades que participaron en la contratación del motorizado, el cual operaba con gas licuado de petróleo (GLP), pese al riesgo que ello implica.
El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, confirmó que los operativos tienen como fin esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales. Las dos personas investigadas enfrentan cargos por el delito de homicidio, cuya pena puede alcanzar los 25 años de prisión. “Como Ministerio Público vamos a solicitar la pena máxima”, declaró a El Potosí.
Aparicio explicó que los fiscales analizan todos los elementos recolectados para asumir nuevas decisiones en las próximas horas. “Trabajamos para establecer todos los niveles y grados de responsabilidad en este hecho lamentable, que no debe repetirse”, subrayó.
