A través de un comunicado emitido ayer, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), anunció que frente al Amparo Administrativo presentado por la Minera Alcira, titular del proyecto Silver Sand (Arenas de plata), se está buscando las condiciones para que se pueda consolidar el respeto de los derechos mineros legalmente reconocidos.

“La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aclara a la ciudadanía en general que, en atención a la solicitud de Amparo Administrativo presentado por el titular del área minera SILVER SAND, se activó el procedimiento correspondiente ante las denuncias de perturbación y bloqueo que estarían afectando el desarrollo normal de sus actividades en el área minera, ubicada en el Municipio de Tacobamba, departamento de Potosí”, dice la nota.

Señala que dentro de ese procedimiento, la Dirección Departamental Potosí de la AJAM realizó una inspección técnico-administrativa en fecha 21 de febrero de 2024. Dicha inspección, que contó con la intervención de aproximadamente ochenta efectivos policiales, fue obstaculizada violentamente por personas asentadas en el lugar, quienes bloquearon las vías de acceso y emplearon dinamitas, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios de la AJAM y de los efectivos policiales. Como resultado, el 14 de marzo de 2024, se emitió una Resolución Administrativa, otorgando el Amparo Administrativo a favor del titular del área minera de Minera Alcira S.A.

Se destaca que posteriormente, mediante el Auto AJAMD-PT/DD/AUTO/4/2025 de fecha 21 de enero de 2025, se estableció la restitución del derecho minero sobre el área minera para el 24 de enero de 2025. Sin embargo, a solicitud del titular se suspendió dicho acto. No obstante, la Dirección Departamental Potosí de la AJAM, está coordinado las gestiones necesarias con el Comando Departamental de Policía de Potosí para la realización de una restitución segura y sin actos de violencia. 

En la parte final del documento se indica que la AJAM ratifica su compromiso de garantizar el respeto de los derechos mineros legalmente reconocidos y asegura que la restitución se efectuará una vez se cuente con el efectivo acompañamiento de la fuerza pública.