Cadáveres depositados como leña en el hospital Bracamonte, diplomáticos haciendo inútiles trámites para repatriar los cuerpos de sus connacionales, servidores públicos que no atienden llamados y, cuando lo hacen, no otorgan ninguna ayuda: esas fueron algunas preocupantes actitudes que se pudo advertir en Potosí, en el largo fin de semana del carnaval, como consecuencia de los accidentes de tránsito que causaron la muerte de decenas de personas.

Las cifras son devastadoras: 75 personas murieron en accidentes de tránsito durante el carnaval y, de esa cifra, 69 corresponden a dos siniestros ocurridos en territorio potosino. El accidente con la mayor cantidad de fallecidos es el que ocurrió cerca de Uyuni, donde murieron 38; seguido del ocurrido en el camino Potosí-Oruro, en el que se reportó 31 víctimas fatales.

La estadística de este año sigue siendo abrumadora para Potosí pues durante este año ya se registró la muerte de 132 personas. La conclusión lógica es que ya no son casualidades, sino las consecuencias de un servicio de transporte de pasajeros que, hasta que ocurrieron los accidentes, se prestaba sin ningún control.

El servicio desde y hacia Potosí es malo, en su generalidad: los buses que las empresas de transporte asignan a este Departamento son de segunda mano que, por eso mismo, presentan fallas que van malos equipos de calefacción hasta goteras, perceptibles en esta temporada de lluvias. Si hay fallas en el funcionamiento de los buses, ahí está una causa de los accidentes.

El control que ejecutan la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) y el Organismo Operativo de Tránsito son inexistentes. Cuando los buses salen de la terminal terrestre, o llegan a ella, nadie se ocupa de verificar su estado, el de los choferes o el cumplimiento de obligaciones como llevar botiquín. Los retenes, existentes en diferentes partes del camino, solo sirven para verificar si los conductores pagan peaje. Los policías que están en esos lugares no se toman el trabajo de verificar cómo están viajando los pasajeros de los buses o flotas.

El accidente que ocurrió cerca de Uyuni demostró, además, el pésimo servicio público existente en Potosí. Entre los fallecidos estaban ciudadanos de Alemania, Chile y Perú así que sus legaciones diplomáticas se movilizaron para recuperar los cadáveres, pero no contaron con ninguna ayuda. Funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) informaron que su director, Eddy Salguero, no podía ser ubicado debido a que su celular fue embargado en el marco de una investigación que sigue el Ministerio Público. Al final, los diplomáticos debieron contratar servicios privados de transporte para repatriar a los suyos porque ni siquiera la Gobernación les prestó asistencia oportuna. Como se sabe, la administración pública potosina es burocrática e ineficiente.

El transporte público de Bolivia está catalogado entre los peores del mundo, debido a sus fallas en horarios y calidad, y, en ese marco nacional, uno de los peores es el de Potosí. Eso debería ser razón suficiente para que sus gobiernos subnacionales, el departamental y los municipales, asuman medidas urgentes para evitar más accidentes fatales.

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