El exalcalde potosino Williams Roger Cervantes Beltrán fue enviado ayer al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca en condición de detenido preventivo en el proceso por supuestas irregularidades en el proyecto de aducción de agua potable La Palca que se ejecutó con un costo superior a 22 millones de Bolivianos.
La audiencia de medidas cautelares comenzó al promediar las 08:30 del sábado, y se prolongó hasta aproximadamente las 06:00 de ayer, domingo. Al terminar el actuado judicial, el juez cautelar séptimo de Potosí, Raúl Estrada, determinó la detención preventiva de quien fue alcalde de Potosí hasta 2019, cuando fue obligado a renunciar por las presiones que estallaron contra el fraude electoral cometido por Evo Morales.
Cervantes fue ingresado al recinto penitenciario y se le llevó al área de aislamiento donde permanecerá de momento por lo cual no puede recibir visitas.
Esa acción convierte a Williams Cervantes en el segundo alcalde potosino que llega a ese centro de detención ya que Jhonny Llally fue el primero en el mes de septiembre de 2023, acusado por la supuesta comisión de delitos sexuales.
El actual alcalde constitucional de Potosí estuvo detenido hasta mediados de abril de 2024 y, tras lograr medidas alternativas a la detención preventiva, reasumió el cargo que ganó en las elecciones de marzo de 2021.
Un juez dispuso que Llally tenga detención domiciliaria con derecho al trabajo mientras se investigan las denuncias por supuesta violación y abuso sexual que pesan en su contra.
MEDIDAS
El asambleísta departamental Osvaldo Jaime Flores confirmó que el juez cautelar Raúl Estrada estableció la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca por dos meses para el exalcalde Williams Cervantes.
Para Rodrigo Campos, Cristian Viñola, Juan Correa, Wilson Pary y Jaime Subieta se ha dispuesto detención domiciliaria con derecho al trabajo de lunes a sábado en el horario de 08:00 a 19:00. Además, deben presentarse a firmar en el Ministerio Público los días lunes, miércoles y viernes.
En el caso de Vladimir Vargas y Wilber Cruz, deben presentar a firmar los días lunes a la Fiscalía. Martha Zegarra y Rolando Montesinos tienen esa obligación cada 15 días.
En todos los casos se ha determinado la prohibición de acercarse a la Alcaldía y la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos), la presentación de dos garantes personales y arraigo nacional.
Para el asambleísta Flores, las medidas determinadas por el juez cautelar Raúl Estrada “son benevolentes”, dada la dimensión del daño ocasionado a Potosí con un proyecto de aducción de agua potable que fue pagado en su totalidad, con aproximadamente 22 millones de Bolivianos, pero nunca llegó a ejecutarse.
EL CASO
A mediados de noviembre de 2024, el Ministerio Público efectuó la imputación de ex autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Aapos y representantes de las empresas constructora y supervisora que intervinieron en el proyecto de Rehabilitación de la Aducción de La Palca.
La comisión integrada por los fiscales Jhonny Nina, Abner Flores y Daniel Padilla había solicitado al juez la detención preventiva de los diez imputados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y firma de contratos lesivos al Estado.
Además de los ex funcionarios de ambas entidades se encuentran imputados los representantes de la Sociedad Accidental La Palca y la Empresa Supervisora JCSA.
El proyecto de Rehabilitación de la Aducción La Palca fue ejecutado entre julio del 2017 y enero del 2018 con el objetivo de mitigar la escasez de agua (sequía) que sufrió Potosí en ese tiempo.
