El Tribunal de Sentencia Número 2 de la capital y provincia Frías del Departamento de Potosí confirmó para las 10:30 del viernes 31 del presente la audiencia de inicio de juicio oral público y contradictorio por el caso de la fallida compra de 41 ambulancias.
La presidenta del mencionado tribunal, Eldy Duarte Rocabado, confirmó que la audiencia está citada y se notificó a las partes para que se hagan presentes en la sala de audiencia del Palacio de Justicia.
En el caso del gobernador titular de Potosí, Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, está prevista su comparecencia de forma virtual desde la cárcel de San Pedro de La Paz, donde guarda detención preventiva por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas que emana del caso de las 41 ambulancias.
Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez es juzgando en este proceso por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y uso indebido de influencias.
Los delitos emergen del intento de adquisición de 41 ambulancias para los municipios potosinos que no se consumó debido a una serie de irregularidades que surgieron durante el proceso.
INICIO
Este proceso comenzó el 22 de julio de 2022 en el que están imputados el gobernador titular de Potosí, Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez y sus colaboradores; Rubén Moisés Miranda Castro, Luis René Loayza Gallardo, Eulogio Peñaranda Cárdenas, Ramiro Luis Choque Arando y Jorge Pablo Velarde Torrico.
El juicio oral y público debió comenzar el viernes 22 de marzo de 2024, pero fue suspendido y, de allí en adelante, ya se dieron cinco audiencias fallidas por la incomparecencia de alguno de los procesados o sus abogados defensores.
DENUNCIA
El proceso judicial contra el exgobernador Jhonny Mamani y sus colaboradores no avanza y hasta la fecha ya se suspendieron 14 audiencias, nueve en la etapa de medidas cautelares y cinco en la fase del juicio oral.
El asambleísta Jaime Osvaldo Flores, en su condición de denunciante, dice que al parecer se está empleando lo que se conoce como “chicana judicial” para frenar el desarrollo del proceso se ve que existe la clara intención de que el mismo pueda extinguirse.
Flores detalló que el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, desde el primer acto del procedimiento vencido, el cual el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.
ANTECEDENTE
El denominado “Caso ambulancias” data de diciembre de 2021 cuando la gobernación de Potosí cerró contrato con la empresa Estefals Logistics por la compra de 41 ambulancias en un precio de 20.5 millones de Bolivianos.
