Tras su aprobación en el Concejo Municipal, el pasado viernes en la tarde, el alcalde Jhonny Llally, promulgó la Ley Municipal 486 con lo cual el pasaje de mayores sube a Bs 2,00, el de adultos mayores a 1,50 y el de escolares de 0,30 a 0,50.
Desde ayer están en vigencia los nuevos precios por lo que se están haciendo efectivos en los diferentes servicios de transporte masivo de ruta fija de micros y minibuses.
El incremento llega en un momento en el que la población confronta la elevación de precios de diferentes productos bajo el argumento de que existe escases de carburantes y que los alimentos se encarecen al ser transportados a la Villa Imperial.
La población cuestionó el incremento de los pasajes de micros y minibuses por considerar que se trata de un servicio de pésima calidad tanto en la atención que otorgan los choferes, el estado de los motorizados, el alto nivel de contaminación por gases que generan los micros y otros factores que motivan a la crítica de los pasajeros.
VIOLACIÓN
Mientras el proyecto de ley consensuado entre vecinos y transportistas esperaba en las comisiones del Concejo Municipal los transportistas decidieron unilateralmente elevar el precio de los pasajes.
La violación de las normas municipales comenzó el miércoles 20 del presente y se extendió hasta el viernes 22, de tal manera que, durante tres días, los choferes le robaron a los mayores y adultos mayores 0,50 centavos de Boliviano.
El atentado se produjo porque nadie puede definir el incremento de un servicio como el de transporte de forma unilateral sin el sustento de una ley municipal.
Los dirigentes instruyeron a sus bases elevar el precio de los pasajes e incluso les pasaron unas hojas en las que se detallaban los nuevos precios del servicio de pasajeros.
PROCESOS
La concejala Mirtha Guzmán, en su condición de presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, anunció que frente al incremento unilateral de pasajes presentaría una demanda judicial contra el presidente del Consejo Municipal de Transporte, Nelson Fuentes, por incumplimiento de funciones y otra contra dirigentes del transporte por el atentado a la economía popular.
