El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally y el exsenador Edwin Rodríguez reaccionaron sorprendidos que Evo Morales quiera dialogar con el presidente Luis Arce en plena marcha cuando él nunca acudió a las movilizaciones regionales.

Llally recuerda que un 26 de junio de 2015 iniciaron una marcha en la población orureña de Ventilla demandando que el Gobierno atienda un pliego de 26 puntos entre los que destacaba la preservación del Cerro Rico, la construcción de una fábrica de cemento, construcción de un aeropuerto internacional, una planta hidroeléctricas carreteras, hospitales y otras.

Cuando estaban en plena marcha convocaron al presidente abrir sus ojos a la realidad potosina y sus oídos para conocer las demandas del pueblo potosino, pero nunca hubo respuesta y se vio que la política del Gobierno de Evo Morales era no dialogar en medio de un conflicto.

El ahora alcalde de Potosí señala que llama la atención que hoy Morales pida diálogo en medio de un conflicto cuando su razón de ser fue primero apagar el conflicto para hablar con los sectores.

Los potosinos se movilizaron en la ciudad de La Paz y Llally le pidió a Evo recibirles en la nueva y coqueta “casa del pueblo” comprometiéndose a lavar sus zapatos para no ensuciar la mullida alfombra que usaba Morales, pero ni así les hicieron caso y les ofrecieron ir a dialogar en Uyuni, a 463 kilómetros de la sede de Gobierno.

La movilización duró 27 días y los potosinos solo recibieron promesas del parte del Gobierno de Evo Morales y tuvieron que seguir soportando las limitaciones impuestas por el nivel central.

REPRESIÓN

Durante la movilización de los 27 días, Edwin Rodríguez, era senador de oposición y en esa condición apoyó al movimiento cívico que se constituyó en La Paz a demandan atención a un pliego de 26 puntos.

Rodríguez recuerda que día a día los potosinos se movilizaban en la ciudad de La Paz y día tras día eran reprimidos por las fuerzas del Estado que utilizaban agentes químicos para neutralizar las protestas.

En medio de los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y ciudadanos potosinos movilizados en La Paz se desarrolló un suceso violento que fue usado por el oficialismo para imputar y detener a dos mineros, un trabajador de salud y un periodista.