Un trabajo de investigación permitió establecer que algunas personas se están dedicando a pedir dinero a las empresas constructoras que participan en procesos de adjudicación de obras del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí bajo el compromiso de adjudicarles determinada obra.
El gobernador interno, Marco Antonio Copa, a través de su equipo jurídico, presentó al Ministerio Público una denuncia por la supuesta comisión del delito de “concusión” establecido en el artículo 151 del Código Penal, con las modificaciones incorporadas a la Ley 004 “Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas”.
Se establece que los funcionarios públicos o personas particulares que exigieran u obtuvieren dinero u otra ventaja ilegitima en beneficio propio o de un tercero será sancionado con la privación de libertad de tres a ochos años de reclusión.
HECHOS
Uno de los casos claves para determinar la existencia de personas o un grupo que actúa de forma ilegal solicitando dineros a cambio de la promesas de adjudicar obras es el de la licitación de la “Ampliación Unidad Educativa Ñequeta” que el 25/05/2024 se procedió a la apertura de propuestas con seis ºempresas habilitadas.
El Comité de Evaluación sugirió contratar a determinada empresa constructora y cuando se estaba a punto a publicar el resultado el representante de otra constructora se comunicó con uno de los miembros del comité para comunicar que a través de llamada telefónica le solicitaron depositar el equivalente al 7% del costo del proyecto para que se les beneficie.
En otros casos se conoció que los empresarios ya habían realizado el depósito a cuentas que les fueron dadas a través de llamadas telefónicas para adjudicarse determinado proyecto.
En un par de casos el personal de la Gobernación realizó llamadas telefónicas a los números dados a los empresarios y se pudo grabar las conversaciones en las que se les compromete adjudicarles determinada obra a cambio de dinero que supuestamente sería para el gobernador potosino.
PRUEBAS
La denuncia planteada ante la Fiscalía incluye los números de celular usados para realizar las llamadas a través de las que se solicitaba dineros a los empresarios de la construcción.
