La Procuraduría General del Estado enfrenta una demanda comercial por alrededor de 100 millones de Bolivianos planteado por la Asociación Accidental Rubau & Ortiz por la construcción del hospital de III nivel en la ciudad de Potosí.
El procurador del Estado Cesar Siles anunció que los abogados bolivianos están trabajando en la defensa de los intereses del Estado frente a pretenciones que no están bien probadas.
Indicó que se está preparando una contra demanda porque entre los pedidos del demandante figuran pagos que no se pueden reconocer como aquellos que devienen de la paralización de trabajos durante la pandemia o durante la crisis política que vivió el país las gestiones 2019 y 2020.
Reconoce que se tiene que ver sobre algunas deudas que se podría tener con la empresa en el proyecto de construcción encarado no solo por el Estado plurinacional de Bolivia sino también por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
Entre los antecedentes anotados por la Procuraduría en su página institucional se puede leer que en fecha 09 de febrero de 2018, el Programa BID 2822/BL-BO del Ministerio de Salud y Deportes (“Programa BID”) suscribió el Contrato de Obra (LPI-O-001-2017) – Convenio Nº OB-1/2018, con la Asociación Accidental Ortiz & Rubau, para la “Construcción de un Hospital de Tercer Nivel en la Ciudad de Potosí” por un monto inicial de Bs. 282.395.639 (equivalente a USD 41.165.545).
Durante la ejecución de la obra, surgieron seis reclamaciones emergentes de supuestos incumplimientos contractuales que, al no poder ser resueltos ante la primera instancia que establece el contrato FIDIC, dieron lugar a la conformación de una Comisión de Resolución de Controversias y posteriormente en fecha 17 de noviembre de 2023, la Cámara Nacional de
