Con la mente puesta en la habilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025, la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) también apunta a la desaparición de las salas constitucionales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Las salas constitucionales fueron creadas por la Ley 1104 del 27 de septiembre de 2018 y son competentes para atender acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, Cumplimiento, Acción Popular y “otras previstas en la Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, ‘Código Procesal Constitucional’, para jueces y tribunales de garantías”. Según evalúan jueces y vocales en ejercicio, su existencia ayudó a aliviar la carga procesal en materia constitucional.
El año pasado, en una acción que no fue publicada por los medios, porque probablemente no conocieron el documento, se presentó el Proyecto de Ley No. 104-2023-2024 que en su artículo 1 señala que “se abroga la Ley No. 1104 de 27 de septiembre de 2018 que crea las Salas Constitucionales Departamentales” y agrega, en el siguiente, que “la Acción de Libertad deberá interponerse ante cualquier Jueza, Juez o Tribunal competente, en Materia Penal. El resto de las acciones de defensa se interpondrán ante cualquiera de los siguientes juzgados: 1. En las capitales de departamento, ante la sala de turno de los Tribunales Departamentales de Justicia o ante los Juzgados Públicos de Materia 2. Fuera de las capitales de departamento, ante los Juzgados Públicos o Juzgados Públicos Mixtos”.
Para los juzgadores que fueron consultados respecto al proyecto de ley, la eliminación de las salas constitucionales sería un retroceso en el afán de desconcentrar la administración de justicia y aumentaría la carga procesal de los juzgados penales, así que no existe justificación técnica para el cambio.
Precisamente por eso, cuando un proyecto de ley similar fue presentado en 2020, este fue aprobado en la Cámara de Senadores, pero no llegó hasta la de Diputados. Por tanto, el que fue presentado el año pasado es un segundo intento, pero con texto simplificado. Por el uso dual de los años 2023-2024 se comprende que se presentó a finales del año pasado, probablemente cuando estalló la crisis por la prórroga de las autoridades del Órgano Judicial. Igual que el anterior, ya fue aprobado en el Senado, pero todavía no pasó a la cámara baja.
Para el diputado opositor Juan José Torrez, lo que busca el “evismo” con este intento es tapar los actos de corrupción mientras que su colega Lissa Claros informó que “el PL 104/2023 - 2024 fue aprobado en senado y fue enviado a la Cámara de Diputados el 30 de enero. Actualmente, de acuerdo a revisión, se encontraría en Secretaría General”.
