La destitución del gerente general de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos), Carlos Chumacero. No quedará simplemente en eso. Lo sucedido en el directorio tendrá secuelas en por lo menos dos instituciones que la integran y el destituido ya ha anunciado que presentará un amparo constitucional ya que fue alejado del cargo antes de cumplir su gestión de cinco años.

 Tras la decisión asumida por el directorio, salieron a la luz otros hechos, como supuestas presiones que habría sufrido el gerente para renunciar, y saltaron los conflictos internos que existen en dos instituciones que tienen representación en esa instancia, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí (FTPP).

Comcipo tiene dos dirigencias, la encabezada por Roxana Graz, y la presidido por Edgar Borht. El directorio de Aapos ha aceptado la representación de este último y ese fue uno de los votos por la destitución del gerente general en la reunión del viernes.

La FTPP está en crisis interna debido a que su directorio ya ha cumplido sus dos años de gestión y quien lo encabeza, Rodrigo Tapia, ha convocado a congreso para renovarlo, pero sin fijar la fecha de ese evento. Eso ha motivado un fraccionamiento en esa entidad, porque un sector exige que se respete el estatuto y otra simplemente se pliega a lo determinado por Tapia.

Los conflictos en estas dos entidades podrían ser un argumento para cuestionar la validez de la votación, que fue de cuatro por la destitución y dos en contra.

En medio de todo esto, Chumacero reveló que estuvo recibiendo presiones por parte de Tapia para renunciar, pero este ha negado esas acusaciones.

Según el artículo 7 de su estatuto, el directorio de Aapos debe estar integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo preside, y representantes de la Gobernación, Iglesia Católica, Comité de Vigilancia, federación de la prensa, Comcipo, universidad Tomás Frías y Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).  

El artículo 11 del estatuto dice que los directores duran dos años en sus funciones y el 16 dice que tienen “derecho a una remuneración por las sesiones que llevan a cabo”. En 2022 se pagó Bs 652.97 y en 2023 Bs 672,56 por sesión. Los que tienen sueldo del Estado no tienen derecho a ese pago.  

En la reunión del viernes participaron seis miembros del directorio. Los votos de Borht y Tapia, sumados a los del representante de la Gobernación, Gustavo Adolfo Vega, y la alcaldesa Mayra Churata, determinaron la destitución del gerente frente a los dos votos en contra de los representantes de la Iglesia Católica y la SIB. Si los votos de Borth y Tapia son cuestionados, debido a los conflictos internos de sus instituciones, ese sería otro argumento para invalidar la destitución.