Aproximadamente medio millón de Bolivianos: ese es el daño económico que se habría causado al Estado con la compra de pruebas rápidas de antígenos nasales para el Servicio Departamental de Salud (Sedes), según consta en la imputación del Ministerio Público en contra del gobernador titular de Potosí, Jhonny Mamani, y otras personas a las que se acusa de haber participado en este proceso en el que habría existido un sobreprecio de hasta el 100 por ciento.
“Realizando la investigación, hemos podido identificar que existiría un sobreprecio de aproximadamente el 50 por ciento”, dijo ayer la diputada Lissa Claros sobre este tema aunque, revisando la imputación, y sus propias declaraciones, se puede deducir de que se trataría del 100 por ciento puesto que “estas pruebas (rápidas de antígenos nasales) han sido adquiridas por el gobierno departamental de Potosí con un coste de 40 Bolivianos cuando las mismas pruebas, en otras instituciones y en otros municipios, en otros Departamentos, se habrían adquirido con 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Bolivianos”. La diferencia, por tanto, es del 100 por ciento o más.
No obstante, la documentación respecto a este contrato no coincide con esa apreciación. En la imputación de la Fiscalía se lee que se realizó “distintos allanamientos a diferentes dependencias del Sedes Potosí, llegándose a secuestrar en fecha 04 de mayo de 2023, de las oficinas de archivos del Sedes Potosí, todo el proceso de contratación…”.
Entre esa documentación están cinco propuestas, incluida la de Rigaan Import Export, que fue la que finalmente se adjudicó el contrato. Lo que se puede ver es que las otras cuatro ofertaron precios unitarios de entre Bs 44 a 50,40 Bolivianos frente a la de Bs 40 por prueba, que ofertó aquella, así que, si se ve solo las cifras, se adjudicó el contrato al precio menor.
