El gobierno nacional, a través del Viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, descartó que en el país se hubiera producido el tráfico de un menor con fines de extracción de órganos.

La aclaración surge debido a una nota periodística en la que se hizo referencia a ese extremo y remarcó que la banda venezolana "Tren de Aragua" no tiene presencia en el país pese a estar extendiendo sus “tentáculos” en el continente.

El entrevistado hizo referencia a un operativo desarrollado el pasado viernes en la ciudad de Potosí en el que se aprehendió a dos venezolanos, una boliviana y un colombiano que acompañaban a un menor de ocho años de nacionalidad venezolana con quien no tenían ningún parentesco ni poder legal para transportarle.

“No se tiene ningún fundamento o reporte policial o informe sobre un caso de trata de personas con fines de extracción de órganos, por cual es importante primero aclarar dicho extremo, sin embargo informar sobre un operativo que ha sido desarrollado por la Dirección General de Migraciones en coordinación con otras instancias el viernes 29 de septiembre; estos operativos de control migratorio se realizan no solo en terminales terrestre sino también en residenciales, hoteles y en diferentes arterias para identificar que los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país cumplan con todos los requisitos establecidos por ley”. dijo Ríos.

Comentó que en la terminal de Potosí se abordó a un menor que estaba acompañado por tres personas adultas en primera instancia y se identificó a una cuarta las cuales, dos eran de nacionalidad venezolana, uno colombiano y una mujer boliviana.

Se habría solicitado la documentación y el poder del menor de ocho años así como de las personas adultas y se estableció que no tenían ningún parentesco ni eran progenitores ni tutores del mismo por lo cual se les pidió los documentos que señalen que ellos pueden trasladar al menor y como no la tenían el caso se derivó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y los acompañantes llevados a la Policía Boliviana para que pase a conocimiento del Ministerio Público, se aprehendió a cuatro personas y posteriormente se realizó la audiencia de consideración de medidas cautelares en la que el juez definió la detención de los dos venezolanos y la boliviana en el Centro de Rehabilitación Santo Domingo de Cantumarca por cuatro meses.