Aparece otro contrato cuestionable, y esta vez por más de 16 millones de Bolivianos. El documento está firmado por el ahora detenido gobernador titular de Potosí, Jhonny Mamani, y un dirigente campesino, Benito Gabriel Rodríguez.
A principios de febrero de 2022, cuando estalló el escándalo de las 41 ambulancias, se hizo público un documento de una "Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus del Norte Potosí, en coordinación con la Federación Sindical Única de Mujeres Trabajadoras Originarias Campesinas Ayllus Norte Potosí – Bartolina Sisa" que exigían la suspensión del gobernador o su renuncia. De inmediato aparecieron dos personas para calificar de falsa esa posición: Zenobia Huarayo, que habló a nombre de las “Bartolinas”, y Benito Gabriel, que se presentó como secretario general de la federación sindical de las cinco provincias del norte de Potosí. En esa ocasión, este expresó su público respaldo a Mamani.
Mamani premió la lealtad de Gabriel con un contrato de obras para el proyecto de construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Sacaca, municipio del norte de Potosí; es decir, de la región en la que ejerce como dirigente, por un monto total de 16.013.681,18 Bolivianos. El documento fue firmado por ambos el 3 de marzo de 2023.
Con póliza
Este contrato tiene un común denominador con el de las 41 ambulancias: la garantía no es una boleta bancaria, sino una póliza de seguro.
La cláusula séptima del contrato dice que “el CONTRATISTA garantiza la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato No. 65055327, emitido por ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por el monto de Bs. 1.120.957,68”, que equivale al siete por ciento del monto total del contrato. Pero mientras una boleta es el comprobante de que existe el monto especificado en el banco, para cobrar de inmediato si hay incumplimiento del contratista, la póliza es el resultado de la contratación de un seguro y, para cobrarla, hay que realizar un trámite que puede tardar semanas, o meses.
En el caso de las 41 ambulancias, la existencia de una póliza, y no una boleta bancaria, dio lugar a que seis funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación paguen el monto equivalente a la garantía. Pese a ese antecedente, y al alto monto del contrato, para este se volvió a admitir una póliza de seguros.
Solo para eso
Por su cuantía, este contrato debió adjudicarse a una empresa con años de experiencia en el rubro, y con un capital que respalde su actividad, pero fue firmado con el dirigente Gabriel como representante de una asociación accidental que solo se formó para adjudicarse esta obra.
La Asociación Accidental Norte Potosí se articuló con la minuta de constitución 14/2022 protocolizada en la Notaría de Fe Pública número 1 de Llallagua, a cargo de Mónica Lourdes Correa Reynaga. Los integrantes son Pedro López Choque, que es identificado como “constructor”; los arquitectos Víctor Ángelo Montecinos Villca y Daniel Gustavo Aramayo Borja y Benito Gabriel Rodríguez, que aparece como “estudiante”.
Gabriel forma parte de la asociación como representante legal de la empresa constructora y servicios “Locing” que se supone era preexistente a la firma de la minuta, que fue en fecha 17 de diciembre de 2022. Eso significa que cumplía el doble papel de dirigente de los campesinos del norte de Potosí y negociante de contratos con la gobernación.
Según sus antecedentes, Benito Gabriel cumplió diferentes funciones, pero siempre con el MAS. En 2012 era el representante del gobernador en la provincia Alonso de Ibáñez y en enero de 2023, luego de haber conformado la asociación con la que firmaría el contrato de los 16 millones de Boliviano, anunciaba que los ayllus del norte de Potosí marcharían hasta Chonchocoro exigiendo sentencia condenatoria contra Luis Fernando Camacho.
Lo último que se supo de él es que fue quien posesionó al “evista” Ponciano Santos como ejecutivo de la Csutcb paralela.
