Los integrantes del ala radical del MAS quieren seguir la línea de Luis Fernando Camacho puesto que manejan un proyecto de ley departamental que, de aprobarse, permitiría que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, gobierne desde la cárcel de San Pedro, donde se encuentra detenido preventivamente bajo la acusación de legitimación de ganancias ilícitas.

El documento, que lleva el título de “LEY DEPARTAMENTAL DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE LA GOBERNADORA O GOBERNADOR, EN UN DOMICILIO DISTINTO AL DE LA GOBERNACIÓN DE POTOSÍ” fue manejado ayer por los radicales e incluso se lo discutió al interior del partido en función de gobierno revelando, así, que no tiene consenso partidario pleno.

 En nueve páginas, este proyecto de ley tiene una fundamentación jurídica que se basa en la inmutabilidad de los derechos políticos, la presunción constitucional de inocencia y la ilegalidad de una sanción anticipada.

Aunque sin referirse directamente al gobernador Mamani, que está detenido en La Paz, el proyecto recuerda que “si bien es evidente que la acusación formal refleja una actividad investigativa por parte del Ministerio Público que proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado, actividad en la que se ha recaudado elementos probatorios para hacerlos valer en el juicio a efectos de probar la comisión del hecho delictivo atribuido, no es menos evidente que el estado de inocencia del encausado o procesado debe permanecer incólume hasta que se declare su culpabilidad o responsabilidad mediante sentencia judicial firme”.

En ese sentido, considera que Mamani debería seguir ejerciendo su cargo por cuanto “la suspensión temporal del ejercicio de funciones de autoridades con cargos electivos se constituye en una sanción con directa al ejercicio de los derechos políticos, como el derecho a ser elegido y a acceder a las funciones públicas para las cuales fue elegido”. De procederse así, sin sentencia previa, se le estaría aplicando una sanción anticipada.

Con esas y otras argumentaciones, el proyecto de ley plantea, en su artículo 6, que la gobernadora o gobernador titulares podrán ejercer sus funciones en un lugar diferente al de siempre cuando se haya dictado “la detención preventiva u otras medidas cautelares en materia penal, emanadas por autoridad competente”; es decir, el caso en el que actualmente se encuentra Mamani.

Tras filtrarse este documento, los asambleístas de oposición Azucena Fuertes y Jaime Flores advirtieron, por separado, que una ley departamental para permitir que Jhonny Mamani siga gobernando desde La Paz iría en contra de la Constitución Política del Estado, así que, de presentarse, no solo sería rechazada por ellos, sino que también se presentaría un recurso de inconstitucionalidad en su contra.

A decir de Flores, que es uno de los denunciantes del caso 41 ambulancias, una ley en ese sentido sería inconstitucional, porque intentaría aplicarse de manera retroactiva, mientras que Fuertes dijo que, si los radicales del MAS actúan de esa manera, estarían fomentando la corrupción.

Del proyecto de ley departamental:

ARTÍCULO 6 (CAUSALES PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES). La Gobernadora o Gobernador, asumirá sus funciones en lugar diferente al de sus funciones por las siguientes causas:

1.    La detención preventiva u otras medidas cautelares en materia penal, emanadas por autoridad competente. 

2.    Cualquier otro acto o hecho jurídico no previsto en la presente ley. 

En estos casos, no constituye una causal para la suspensión o impedimento del ejercicio de funciones del Gobernador o Gobernadora, precautelando el Derecho al Trabajo, Remuneración y Principio de Presunción de Inocencia, debiendo continuar en funciones, aun cuando se encuentre en domicilio distinto al de la Gobernación por causales sobrevinientes a su nombramiento y posesión.