El argumento que siempre manejó el gobernador titular de Potosí, Jhonny Mamani, para deslindar responsabilidades en el bullado caso de las 41 ambulancias es que la Gobernación no pagó por esos vehículos, así que no hubo daño económico. Es el mismo que usaron las dos fiscalas de Potosí que lo favorecieron con un sobreseimiento; sin embargo, se admitió, y hasta se usó en favor de Mamani, que funcionarios de la Gobernación depositen más de 1,4 millones de Bolivianos a título de resarcimiento por la garantía de incumplimiento del contrato.   

Hasta mediados de junio de 2022, los denunciantes de Mamani —el asambleísta Jaime Flores, la diputada Lissa Claros y la presidenta cívica Roxana Graz— sostenían que, aunque la empresa Stefals Logistic no alcanzó a cobrar los 20,5 millones por las 41 ambulancias, sí había económico porque esta no había depositado una boleta de garantía. El monto de esta estaba estimado en 1.435.000 Bolivianos. Entre el 20 y el 22 de junio de ese año, un total de seis personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Potosí, depositaron la suma total de 1.435.000 Bolivianos en la cuenta única de esa entidad con el propósito de cubrir ese monto.

Este hecho, informado por El Potosí el 25 de agosto de 2022, también figura en el requerimiento de sobreseimiento de las fiscalas Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna que señala que “se ha advertido que los servidores públicos involucrados en el proceso de ‘Adquisición de 41 ambulancias Tipo I’ fueron sujetos a procesos sumarios internos y que dentro de esos procesos de forma voluntaria procedieron a hacer el depósito de la suma de Bs. 1.435.000 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil bolivianos) a la cuenta del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, aspecto que también ha sido ratificado conforme a memorial de fecha 07 de julio de 2022, suscrito por Lisbania Tejerina Calderón de Villca, Secretaria Departamental Administrativa y Financiera del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí” (Pág. 43). 

El documento llama indistintamente “funcionarios y exfuncionarios” a los depositantes, pero no repara en el hecho de que dos de ellos, el asesor estratégico Leonardo Condori y la supuesta funcionaria Carla Lorena Villca, no fueron involucrados en el proceso, ni sometidos a sumario, así que no estaban obligados a hacer depósito alguno. El monto menor depositado es de Bs 77.800, y corresponde a Villca, pero los demás están por encima de los 139.000 Bolivianos, que es el equivalente a los sueldos de un año de un funcionario jerárquico de la Gobernación. Condori depositó 278.400 Bolivianos y, cuando este diario le consultó, en junio de 2022, por el origen del dinero, él dijo que se trataba de “préstamos familiares”.

Las altas sumas depositadas llamaron la atención de Jaime Flores quien, en su momento, dijo que “el Ministerio Público deberá averiguar el origen de estos dineros. Estos funcionarios deben explicar de dónde sacaron semejantes montos, deberá intervenirse sus cuentas y, finalmente, establecer el origen de esos dineros”. Pero el Ministerio Público no solo no investigó el origen de esos dineros, sino que validó los depósitos como una prueba de descargo para el gobernador: “Se establece que haciéndose efectivizado el resarcimiento del importe de Bs. 1.435.000 (Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil bolivianos) correspondiente a la garantía de incumplimiento del contrato que asumieron de manera voluntaria los ex servidores públicos, no se causó daño valuable en dinero, ni afectación a los intereses del Estado ni se causó daño al patrimonio de la Gobernación” (Pág. 44).

Pero sí hubo pago, porque cuatro cheques fueron emitidos a favor de Stefals Logistics el 31 de diciembre de 2021 por un valor total de 20,5 millones de Bolivianos. Lo que ocurrió es que el Ministerio de Finanzas sospechó, por el monto, y no autorizó la transferencia de los recursos para el pago.