Autoridades originarias de Santa Lucia denunciaron que a la fecha la Fiscalía de Potosí procedió a rechazar en tres ocasiones el proceso penal que fue presentado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en contra de una familia que pretende adueñarse de 65 hectáreas en la comunidad de Puerta Pampa. El 4 de mayo de 2017 el INRA admitió el proceso que presentaron las autoridades originarias de Santa Lucia para cumplir con el saneamiento de tierras; empero a la par aparecieron nuevos interesados.
Frente a la pugna que existe por el derecho propietario como medida preventoria en el 2019, el INRA dicta las medidas precautorias que tienen la finalidad de que ninguna de las partes en conflicto pueda hacer el sembradío o la construcción en las tierras en disputa.
“El INRA por incumplimiento a las medidas precautorias le inicia un proceso penal a la familia Álvarez por desobediencia en ese ínterin el INRA hace el informe final en el que se señala que la familia Álvarez que todos los documentos de esos predios que presentó esa familia fueron fraguados y falsificados ese proceso va a Fiscalía, pero el fiscal asignado se excusa en primera instancia luego se asigna a otro fiscal quien desestima el caso”, sostuvo el presidente del comité de saneamiento, Daniel Quispe.
