Una gama de acciones de protesta se vivió y se vivirá contra la injusticia en el Departamento de Potosí y ponen en jaque a las autoridades jerárquicas por la presión existente.

La presunta mala aplicación de la Justicia generó manifestaciones, bloqueos y un paro cívico próximo a cumplirse en la capital potosina.

Todos coinciden en pedir "¡justicia!" por los casos relevantes que en los últimos días se reportaron en Uyuni, Llallagua, Pocoata y la Villa Imperial.

Todo empezó en Uyuni. En esa ciudad turística los vecinos se alzaron contra un juez y un fiscal. La autoridad jurisdiccional dictó medida cautelar de detención domiciliaria con derecho al trabajo contra un chofer sindicado de cometer un accidente en pleno Salar de Uyuni, donde murieron dos personas y una resultó herida.

Dirigentes de vecinales de Uyuni solicitaron la destitución del juez y del fiscal porque consideran que el chofer debió estar detenido preventivamente por la muerte de una periodista y del chofer.

En Llallagua, tras enterarse del rapto y muerte de un niño de seis años, los pobladores salieron a las calles con la intención de hacer justicia por propia mano contra la mujer que envenenó al menor. 

Los dirigentes cuestionaron a los jueces y fiscales en una concentración masiva. La fuerza pública tuvo que usar agentes químicos para repeler a las personas y evitar desmanes. Pese a la sentencia de 30 años de la mujer que presuntamente asesinó al niño a cumplirse en la cárcel de San Miguel de Uncía, las autoridades determinaron encerrarla en Cantumarca por seguridad. El papá biológico del niño también está en el mismo penal con detención preventiva de seis meses.

En Pocoata, los comunarios bloquearon la carretera Diagonal Jaime Mendoza exigiendo condena para quienes golpearon y provocaron la muerte de Emerson P. N., de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un barranco, en el sector de Siquera, de ese municipio el martes 28 de junio. El joven desapareció siete días y fue encontrado muerto. Dejó en la orfandad a dos menores.

En la Villa Imperial, este martes 5 de julio, se cumplirá un paro de 24 horas. Dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) protestan por la presunta mala aplicación de la justicia en el caso de las 41 ambulancias. La MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva, el gobernador fue excluida de la imputación por la fallida adquisición de los vehículos. Roxana Graz solicitó la renuncia de Roxana Choque, fiscala departamental.

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