Desde hasce cuatro años, la universidad boliviana no puede llevar adelante su congreso número 13 que se inauguró en mayo de 2018, pero no alcanzó a instalar sus deliberaciones. En ese entonces, el polémico Max Mendoza estuvo en la testera, como presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).

El XIII Congreso Nacional de Universidades se ya se había inaugurado en 2018 pero, a raíz de la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila, el 24 de mayo de ese año, se declaró un duelo de 30 días.

Durante ese periodo, el congreso quedó en suspenso pero, por artimañas de algunos miembros del sistema universitario, no se pudo lograr su instalación además de los problemas emergentes de la crisis sanitaria.

Ahora, tres años después, se intenta instalar el congreso y su inauguración está prevista para el lunes 23 de mayo en el Teatro Al Aire Libre Víctor Paz Estenssoro y las plenarias y trabajo de comisiones en ambientes de la UATF.

El congreso se reinstala bajo la sombra de denuncias sobre supuesto tráfico de influencias de parte de dirigentes “maduros” que lograron mantenerse en cargos dirigenciales manejando recursos económicos de las FUL, logrando beneficios económicos por facilitar acceso a becas estudiantiles y ayudantías.

Hay denuncias en sentido de que el uso de una granada de gas lacrimógeno que causó una avalancha con el saldo de cuatro muertes y más de 80 heridos, sería parte de las acciones destinadas a evitar el desarrollo del congreso.

Estudiantes de base señalan que es tiempo de que se definan los cambios, no solo a nivel del CEUB sino también de la dirigencia estudiantil impidiendo que las personas que no avanzan en una carrera no puedan ser dirigentes.

Esos dirigentes “maduros” serían los que influyen para el acceso a los beneficios estudiantiles y percibirían beneficios ilegales por ello.

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