El juez segundo de instrucción penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Omar Homero Cardozo Alba, impide que se transmita la audiencia de medidas cautelares de los detenidos por el caso avalancha y ha incautado la grabadora del periodista de El Potosí que estaba cubriendo ese actuado procesal.

La audiencia debe determinar en qué situación enfrentarán el proceso investigativo los cuatro acusados por los sucesos del 9 de mayo en el coliseo universitario de Potosí, que ocasionaron la muerte de cuatro personas y heridas en por lo menos 86: el juez Cardozo decidirá si los acusados lo hacen en libertad irrestricta o con algún tipo de detención.

Por su importancia, este diario determinó transmitir la audiencia, pero el juez no lo permite. Cuando el periodista Marbin Valda estaba grabando el audio de la relación fáctica (la descripción de cómo ocurrieron los hechos), Cardozo ordenó la incautación de su grabadora.

Ante esa flagrante violación a su derecho a la información, Valda acudió a la defensora del pueblo, Vilma Martinez, para pedirle que le ayude a recuperar el equipo que, por esa mediación, fue devuelto, pero, al revisarlo, se comprobó que el audio de la relación fáctica había sido borrado.

La investigación por los sucesos del coliseo cerrado es pública y, hasta ahora, no hay razones para declarar su confidencialidad. La actuación del juez Cardozo viola el artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado dice que las bolivianas y bolivianos tenemos derecho “a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. Viola, también, los artículos 106 y 107 de la Carta Magna que garantizan el derecho de información de los trabajadores de la prensa.

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