La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de Bolivia expresa profunda preocupación por la sucesión de hechos de corrupción, de narcotráfico e impunidad que están minando nuestras instituciones y valores humanos, como no había sucedido en los últimos 36 años, y alerta que estas circunstancias generan alto riesgo a las libertades de prensa y de expresión.

Hechos que vulneran principios fundamentales como la transparencia en las actuaciones de funcionarios, la insensibilidad de los administradores de justicia frente a atroces crímenes y la actitud pasiva de políticos sumidos en extravío cuando el país demanda respuestas, generan alto grado de intranquilidad en todos los ámbitos.

En este escenario, los responsables de administrar las instituciones fundamentales han caído en el fácil argumento de atribuir responsabilidad al trabajo periodístico que, en apego a sus principios irrenunciables, cumple con la difícil misión de informar en condiciones dificultosas por la falta de acceso pleno a fuentes noticiosas.

Es inquietante observar que los recursos públicos pueden ser destinados a dudosas compras, violentando requisitos mínimos, sin consideraciones con los beneficiarios finales de servicios de salud, y menos con los contribuyentes a quienes debe ofrecerse una oportuna información.

Es inquietante observar que los recursos públicos pueden ser destinados a dudosas compras, violentando requisitos mínimos, sin consideraciones con los beneficiarios finales de servicios de salud, y menos con los contribuyentes a quienes debe ofrecerse una oportuna información.

Sumado al anterior caso, otro Gobernador al que se responsabiliza de mal uso de bienes públicos salió de una audiencia aplaudido y vitoreado al lograr una sanción mínima cuando los ciudadanos esperan procesos y sanciones morales orientados a recuperar el valor y respeto a la función pública.

En el mismo sector judicial, se deja archivado un proceso por destrucción, asalto e incendio de buses de una ciudad con escasos servicios de transporte de calidad, y por el contrario se persigue al funcionario que organizó la valorada empresa municipal.

En el mismo sector judicial, se deja archivado un proceso por destrucción, asalto e incendio de buses de una ciudad con escasos servicios de transporte de calidad, y por el contrario se persigue al funcionario que organizó la valorada empresa municipal.

Han transcurrido 100 días del secuestro y tortura de un grupo de ciudadanos, policías y periodistas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y hasta la fecha la investigación permanece inconclusa.

Lo inquietante de este caso es que dos fiscales y tres investigadores fueron cambiados a pedido de una de las partes interesadas en el condenable hecho, los interculturales claramente vinculados al partido gobernante.

Hay una tendencia de debilitamiento de las instituciones democráticas y un angustioso retroceso en el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la protesta, el acceso a la justicia y la falta de datos e información de interés público sobre el trabajo que realizan los funcionarios en distintos estamentos.

Sin libertad de expresión, sin una prensa independiente de intereses sectoriales y partidarios, todos los casos que anotamos aquí, a manera de resumen, no serían de dominio público.

Frente a la ausencia de administradores eficientes de justicia, sin transparencia en la actuación de administradores de recursos públicos y ante a la permanente hostilidad contra el trabajo de la prensa, la ANP reitera su llamado a defender principios constitucionales y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

La Paz, 05 de febrero de 2022

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