Menos recursos para las obras: esa es la primera impresión que se tiene al revisar el presupuesto de la gobernación de Potosí para la gestión 2022. Y es que, más allá de las cifras, lo que preocupa son los porcentajes porque el monto asignado para gastos de inversión apenas llega al 39,90 por ciento del techo presupuestario para la próxima gestión.

Teóricamente, los gastos de inversión son aquellos destinados a la construcción de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento de los servicios. Son, en términos sencillos, las obras que demandan los ciudadanos. Cuando se promulgó la Ley de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el 19 de julio de 2010, se fijó un parámetro para la distribución de los recursos: “se establece como porcentaje máximo destinado para gastos de funcionamiento el quince por ciento (15%) sobre el total de ingresos provenientes de regalías departamentales, Fondo de Compensación Departamental e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”. Si solo debe asignarse el 15 por ciento para gastos de funcionamiento, se supone que el 85 por ciento restantes debía destinarse a gastos de inversión.

Pero, hoy en día, ningún gobierno departamental ni municipal funciona bajo esa lógica. En el caso de la gobernación potosina, el techo presupuestario de este año es 829.645.712 Bolivianos. En su última sesión ordinaria, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) aprobó Bs 536.436.203 para gasto corriente, lo que representa el 60,10 por ciento del total, y 356.209.509 Bolivianos para gastos de inversión pública. Eso es el 39,90 por ciento.

Esta gran diferencia fue cuestionada por el secretario de la comisión económica, Emilio Muraña, pero, según la explicación que incluso él proporcionó ayer a este diario, la proporción de 85/15 se aplica, como dice la propia Ley de Autonomías, a los recursos “provenientes de regalías departamentales, Fondo de Compensación Departamental e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados” y no al presupuesto total de las gobernaciones.

Incluso el asambleísta Ernesto Loza, de Alianza Social, hizo notar que los gastos corrientes agrupan tanto a los gastos de funcionamiento como a las obligaciones por ley, que incluye asignación de recursos a actividades como el Festival Internacional de la Cultura. En el presupuesto aprobado por la ALD, los gastos de funcionamiento están dentro de los gastos corrientes y alcanzan a 92.059.021 Bolivianos, lo que representa el 10,31 por ciento.

El exministro Carlos Hugo Molina admitió que las variaciones en los porcentajes de asignación a los presupuestos de las gobernaciones y alcaldías del país no son ilegales, porque se basan en normas promulgadas después de la Ley de Autonomías, pero advirtió que “se está metiendo de manera mañosa los gastos corrientes en los gastos de inversión”. 

René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, dice que el efecto de las normas que permiten variar los porcentajes es que cada vez es menor el porcentaje que se asigna a los gastos de inversión, a las obras que son las que les interesan a los ciudadanos.

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