Angustiada, María se comunicó con El Potosí y denunció que le estaban avasallando. Como prueba envió un video en el que se ve a una mujer discutir con personas en un lugar en el que se puede ver que se ha cavado zanjas para cimientos y hay incipientes columnas de hormigón. Cuando llamó, Villanueva tenía la voz quebrándose en llanto.

Asegura que tiene todos sus papeles en regla, que compró un terreno, pagó impuestos y lo inscribió en Derechos Reales. Su siguiente paso era comenzar a construir una casita. En eso estaba cuando las autoridades originarias y otras personas la abordaron para decirle que no podría construir. Su único argumento era que la comunidad no había autorizado esa construcción, ni tampoco la venta del terreno.

Presentó una lista de hasta 41 personas a quienes identifica como responsables de las acciones que denuncia. Este diario no la publica porque no fue posible contrastar esta denuncia con los involucrados debido a la distancia de 23 kilómetros que separan a Potosí de Miraflores, que es uno de sus distritos rurales.

Existen varios antecedentes de casos similares. Estos señalan que, en general, las autoridades y comunarios de Miraflores no reconocen la legislación civil, sino que intentan aplicar su justicia comunitaria, la que incluye la disposición de la propiedad privada a partir de decisiones colectivas. El problema es que eso deja muchas decisiones al arbitrio de las autoridades originarias. 

Tras la publicación de la nota, Villanueva llamó, más angustiada, para denunciar que las personas que la abordaron ayer volvieron, furiosos, y le amenazaron de muerte por haberles puesto en evidencia. 

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