Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni Juan Carlos Candia y Jerónimo Manu fueron dejados en libertad, por decisión judicial, a pesar de que están sospechados de proteger al clan dedicado al narcotráfico Candia Castedo, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El funcionario mencionó que es un “caso grave” de posible protección judicial al narcotráfico y criticó la decisión de liberar a los vocales acusados.
Pidió que el Consejo de la Magistratura realice una profunda indagación, para determinar si existe protección al narcotráfico de parte de jueces del Departamento de Beni.
Los vocales acusados, Candia y Manú, el primero presidente del TDJ beniano, llevaron adelante desde el 4 de julio hasta la madrugada del 5 de julio 5 una audiencia de Acción de Libertad para los miembros del clan Candia Castedo.
Entre los integrantes del clan están la exfiscal y exfuncionaria de la Gobernación de Beni, Mayerling Castedo, además de sus hijos Joice y Darío, alias “Tinajas”, quienes fueron enviados a la cárcel con detención preventiva luego de que una narco-avioneta que salió de su hacienda fue capturada en Paraguay.
Según Romero, en la audiencia del jueves y viernes, sorpresivamente los vocales revocaron en parte la detención de Mayerling, revocaron en su totalidad la aprehensión de Joice y, presumiblemente también se aprestaban a realizar la misma decisión con el “Tinajas”.
Sin embargo, en ese momento, se dispuso la aprehensión de los dos vocales por el delito de prevaricato en flagrancia. El ministro destacó la “valiente” decisión del Ministerio Público para la aprehensión de las autoridades judiciales.
Se realizó otra audiencia, en la cual los vocales pasaron de autoridad al banquillo del acusado. Este nuevo procedimiento se realizó ante el juez Esteban Menacho.
En la nueva audiencia, los vocales Candia y Manu fueron dejados en libertad, bajo el argumento de que tendría que ser la máxima instancia, el Tribunal Supremo de Justicia, el que disponga el delito de prevaricato. Para Romero se trata probablemente de una “argucia jurídica”.
