Marco Borda, presidente interino del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí (ICAP), denunció que supuestamente hay cobros irregulares en algunas direcciones policiales de la institución del orden en la ciudad de Potosí.

Demandó que el Ministerio Público designe un fiscal las 24 horas para cumplir sus funciones en las reparticiones policiales para evitar estos supuestos hechos de corrupción.

"Nosotros vemos como abogados en reparticiones policiales que algún funcionario público solicita dineros para agilizar algún trámite", aseveró.

Los montos económicos más altos que supuestamente se cobran serían en el organismo Operativo de Tránsito. "Una persona cuando cae en estado de ebriedad o consumiendo bebidas alcohólicas en su movilidad, las multas oscilan entre 2.000 y 3.000 bolivianos", aseveró y dijo que de este hecho son "conscientes" los conductores que fueron sancionados económicamente en esa instancia.

Pero también para acceder con prontitud a un certificado de antecedentes se eroga entre 250 y 300 bolivianos al funcionario que trabaja ahí.

Borda también dijo que aparentemente un funcionario policial que está en cargo "estratégico" debe cancelar una suma de dinero al jefe policial.

Afirmó que los niveles de corrupción en la institución policial son graves tomando en cuenta los antecedentes que se publican en los medios de comunicación de lo que ocurre en otros distritos del país.