Los presidentes Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada incorporaron al país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la Inversión (Ciadi), denunció ayer el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro.
“Ingresamos al Ciadi producto de una decisión política del Gobierno de Jaime Paz Zamora y esa relación bilateral entre el Estado y el Ciadi se consolidó en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa”, destacó ayer el ministro en una entrevista otorgada a radio Kollasuyo.
El ministro potosino califica esa incorporación como nefasta para el país porque permitió que "empresarios" deshonestos demanden al país en busca de beneficios que esperaban lograr a través de sus supuestas inversiones.
A tal extremo llegó el Ciadi que no habría hecho valer las pruebas sobre la falsificación de una sociedad entre Non Metalic Minerals y Química del Bórax (Quiborax), viabilizando una sanción irregular que ordena el pago de 48.6 millones de dólares a quienes invirtieron 80 mil dólares para explotar la ulexita del Salar de Uyuni.
Bolivia presentó pruebas de que el empresario David Moscoso accedió a concesiones mineras en un área del Salar de Uyuni liberado a través de una cuestionada ley que redujo en 1.018.000 hectáreas el área de reserva.
Según la explicación brindada por el ministro Navarro, no se puede hablar de una mala defensa o irresponsabilidad de algunos funcionarios actuales porque hicieron todo lo que se pudo en el marco de lo que permite el Ciadi, entidad creada explicitamente para defender a los empresarios.
REDUCCIÓN
Tras conocer la sentencia del Ciadi, el gobierno de Evo Morales efectuó gestiones directas para reducir el monto a pagar, y logró un contrato transaccional entre el Estado y las firmas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., para dar cumplimiento a un laudo arbitral y el pago de 42.6 millones de dólares por la reversión de una concesión en el Salar de Uyuni, monto 14.5 millones de dólares menor al que fijó el laudo arbitral ventilado en el Ciadi.
