La responsabilidad que sancionó la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, por las muertes de octubre de 2003, constituye un paso fundamental para concretar su extradición, así lo percibe el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Policarpio Acarapi.
El titular de la ALD destacó la perseverancia de los familiares de las víctimas de Octubre Negro y anunció que se trata de un fallo histórico que muestra que quienes masacran al pueblo no quedarán impunes en Estados Unidos.
Acarapi apuntó que la masacre de octubre de 2003, fue una insurrección que terminó con la renuncia y huida de Bolivia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos de sus colaboradores.
Destacó que la llamada “guerra por el gas” dejó 81 muertos y 420 heridos fruto de la represión policial ordenada desde Palacio Quemado por los miembros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
