La Fiscalía General de España se querelló ayer contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y todo su gabinete, y también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros diputados regionales por rebelión, sedición y malversación por impulsar un proceso independentista.

El Ministerio Público solicitó una fianza conjunta de 6.2 millones de euros (cerca de 7.2 millones de dólares) para todos los querellados y, en su caso, "embargo de bienes" por sus posibles "responsabilidades pecuniarias".

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, decretó el viernes 27 el cese de Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución.

La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobó en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un "Estado independiente en forma de república".

En ambos casos, la Fiscalía demanda que los querellados sean citados urgentemente a declarar con vistas a una "eventual solicitud de medidas cautelares". En caso de incomparecencia, se pide la detención "inmediata". Según confirmaron ayer fuentes del Gobierno español, Puigdemont se encuentra en Bruselas, aunque no explicaron los motivos del viaje, en el que iba acompañado por cinco de sus consejeros, y donde tienen previsto solicitar "asilo" político, según fuente independentistas.

El fiscal general español, José Manuel Maza, explicó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes se tramitará en la Audiencia Nacional porque ninguno de ellos dispone ya de fuero jurídico especial tras haber sido destituidos.

 Los miembros de la Mesa del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, añadió Maza, pues sí cuentan con ese fuero como parlamentarios.