Bolivia declaró “guerra” a la trata y tráfico de personas desde Potosí con el propósito de frenar este flagelo contra menores y adolescentes en la VII Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que se desarrolló en la Villa Imperial.

Este ilícito fue tratado y analizado en una mesa de trabajo con el fin de definir políticas gubernamentales para hacer frente a la amenaza a la cual están sometidas las niñas, niños y adolescentes.

Potosí fue sede del debate de seguridad ciudadana que se centró en seis ejes temáticos, como los compromisos de inversión, proyectos concurrentes, desconcentración policial y tecnología preventiva.

Pero, además, del desarrollo normativo, plan nacional y proyectos y programas de prevención que apuntan a fortalecer acciones concretas en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, unas 700 personas participaron en diferentes delegaciones del país.

El encuentro se realizó en el teatro IV Centenario de esta ciudad con representantes del Órgano Ejecutivo, los gobiernos subnacionales departamentales, municipales y de la Policía Boliviana.

Romero exhortó a la sociedad en general a analizar y presentar un plan general de trabajo sin desmerecer a quienes presentaron en la cumbre de seguridad.

“Queremos un plan completo e integral y queremos tratar este tema en un encuentro especial porque este delito de trata y tráfico de personas merece que pongamos mucho énfasis y mucha atención”, declaró en el cierre de la cumbre de seguridad.

El dignatario de Estado afirmó que si es necesario hacer ajustes normativos e institucionales se debe hacerlo e inclusive reforzando con otros países y dar un paso importante en la lucha.

Romero planteó efectuar un encuentro nacional con las organizaciones para reforzar y adecuar una norma que luche de manera frontal contra este ilícito en Bolivia.

Dijo que los bolivianos se sentirán contentos cuando los índices de criminalidad disminuyan en Bolivia, ya que actualmente solo el 10 por ciento de estos hechos se redujeron.

El ministro afirmó que sin la participación de la sociedad es imposible lograr resultados positivos en seguridad ciudadana porque la población es mucho más que los representantes que participan de la cumbre.

Dijo que la seguridad empieza en la casa de cómo en el entorno familiar se inculca normas de las buenas costumbres y el buen vivir porque actualmente hay casos donde están involucrados jóvenes en hechos delictivos.

“Indudablemente, es necesario trabajar con la sociedad, con la familia”, afirmó. Luego señaló que el índice de violencia intrafamiliar es alto en Bolivia y ese flagelo debe ir cambiando por el bien de la sociedad en común.

Sin embargo, la participación de la Policía es fundamental porque tiene dos brazos muy fuertes: “un brazo uniformado y un brazo civil”. Romero dijo que el brazo civil está en todas partes y los policías están en las calles.

Destacó la inversión de 3.000 millones de Bolivianos para mejorar la capacidad operativa de la Policía Boliviana. En los últimos años "estamos hablando de una inversión, a nivel del Gobierno nacional y de gobiernos subnacionales, cercana a 3.000 millones de Bolivianos en la Policía Boliviana", aseveró.

El ministro instruyó al alto mando policial efectuar una reingeniería de la distribución de efectivos policiales en el país. “No es suficiente que sepamos cuántos policías hay en cada Departamento, tenemos que saber cuántos policías están en función administrativa, cuántos en operativas. El ministerio tiene esa información, pero necesitamos que la Policía nos presente un informe mucho más completo porque queremos policías por todas partes”, afirmó.

La aseveración del dignatario del Estado la efectuó ante el perdido de los representantes que participaron en la cumbre de seguridad. Por ejemplo, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, que participó en la cumbre, dijo que es insuficiente 1.400 efectivos policiales para una ciudad que en el último tiempo creció mucho.