Obreros y ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí están enfrentados a raíz de un fallo judicial que se conoció ayer y, ahora, no se descarta algunas medidas de presión.

Dirigentes del sindicato de obreros presentaron el año pasado una demanda penal contra el alcalde Williams Cervantes por el delito de incumplimiento de deberes.

Supuestamente el ejecutivo municipal no transfirió a los trabajadores que no tienen beneficios a las planillas de lo que están protegido por la Ley General del Trabajo.

“El Gobierno nacional, a través de la Ley 321, establece claramente que aquellos funcionarios que han sido removidos a inversión; es decir, que no tengan estabilidad laboral, beneficios sociales retornen a la planilla de funcionamiento y que cuenten con los beneficios y estabilidad laboral”, dijo el abogado de los obreros, Richard Alejo.

El dirigente de los constructores de la Alcaldía, Isidro Quispe, denunció que supuestamente hubo tráfico de influencias porque el esposo de la jueza que falló a favor del Alcaldía trabaja en Catastro.