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Bolivianos sería una de las inversiones que habría hecho una familia que hoy se ve afectada con la demolición de su vivienda.
Varias familias que fueron afectadas con la demolición de sus viviendas en la comunidad de Cantumarca, cerca del dique de colas San Miguel, amenazaron con afectar la propiedad del alcalde Williams Cervantes.
Ayer las familias afectadas y algunos vecinos entraron al municipio y bloquearon la entrada al despacho del ejecutivo municipal y algunos anunciaron que se iban a declarar en huelga exigiendo el resarcimiento económico.
El martes 6 por la mañana, funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, bajo custodia policial, procedieron con la demolición de una veintena de casas porque habrían construido en un área de alto riesgo de contaminación.
“Si no hay solución, vamos a ir a derrumbar su casa del alcalde en Villa Santiago, conocemos”, declaró Sandra Estrada, visiblemente eufórica y sollosando. La viuda lamentó que la Policía y funcionarios de la Alcaldía los hayan desalojado de su casa para desplomar una vivienda que les costó construir de poco en poco.
“A mis animalitos los han matado, a mis gallinitas, los huevos se lo han traído los gendarmes. Devuélvannos nuestras casas”, declaró llorando doña Fausta Estrada, otra de las afectadas con la demolición de su vivienda.
Asimismo, otra de las afectadas, Natividad Quispe, suplicó: “que nos devuelvan nuestros inmuebles, no tenemos dónde dormir”. El bullicio y la súplica de que les devuelvan sus viviendas era el común denominador e incluso para que no entren los gendarmes de la Policía Urbana se parapetaron en la puerta del despacho del alcalde.
Por su parte, Edwin Hidalgo, excorregidor de la comunidad de Huachacalla, lamentó la destrucción de las viviendas e informó que las construcciones se hicieron hace cinco años.
“El anterior alcalde y los funcionarios de Catastro no procedieron a decir que eran construcciones clandestinas, la comunidad de Huachacalla tiene todo el derecho propietario legalmente inscrito en Derechos Reales con una superficie de 250 hectáreas”, afirmó.
En resumen, según la exautoridad originaria, no procedieron al avasallamiento del área donde construyeron los inmuebles.
"Ahora indican que esas áreas serían municipales, eso es falso, eso nos tendrían que demostrar", dijo. Y explicó que Catastro dijo que no se estaría discutiendo el derecho propietario, sino se hace cumplir una de las ordenanzas", afirmó.
