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Víctimas habrían a quienes presuntamente se les habría pedido recursos económicos para cargos en el administración departamental.
Juan Carlos Cejas, gobernador del Departamento de Potosí, presentó una querella por difamación y calumnia contra el asambleísta José Luis Gamarra, quien denunció sobre una supuesta red de corrupción.
“El señor Gamarra a mí me acusó que estaba involucrado en acto de corrupción, y hubo adjetivos que se usó contra mi persona, yo no voy a responder a eso. Yo le pedí públicamente que aclare, que presente las pruebas, pero a cambio recibí ofensas, y no voy a entrar a eso, yo no me voy a hacer faltar el respeto”, dijo visiblemente enfadado en la conferencia de prensa que ofreció ayer en su despacho.
Afirmó que es fácil acusar o denigrar por los medios de comunicación pero, ahora, según él, el asambleísta demostrará en la instancia penal y probar sus acusaciones.
El proceso de orden particular o privado será tratado por el juez de sentencia número uno del Tribunal Departamental de Justicia. “Ahora el señor (José Luis Gamarra) deberá presentar todas las pruebas en contra del gobernador. ¡Ya basta de que estén mellando, trapeando el nombre del gobernador y también de mis funcionarios!”, afirmó al mostrar la querella presentada.
Juan Carlos Cejas afirmó que si el juez identifica alguna responsabilidad contra él se someterá a la investigación y al debido proceso. “Pero yo debo decir categóricamente no voy a aceptar ese tipo de acusación”, declaró en tono fuerte y preciso.
El asambleísta por la agrupación ciudadana Potosí MOP había declarado en días pasados a los medios de comunicación de una supuesta red de corrupción la cual salpicaba al secretario general y al propio gobernador en la venta de cargos.
Luego de esas declaraciones, también argumentó que él no es ningún empleado del gobernador para presentarle los documentos y añadió que será la instancia correspondiente que investigue el caso denunciado.
José Luis Gamarra denunció al Ministerio Público la supuesta irregularidad que habría detectado donde habrían más de 60 víctimas a quienes les pedían dinero a cambio de "pegas".
