DAÑO ECONÓMICO
El Gobierno hizo conocer en agosto un posible daño económico de Bs 102 millones por más de 700 proyectos inconclusos y 30 obras inexistentes.
El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos del Senado, Óscar Ortiz, exigió al contralor general del Estado, Gabriel Herbas, que asuma las medidas legales, se auditen e investiguen los más de 700 proyectos irregulares del liquidado Fondo Indígena.
El legislador advirtió que si el contralor no asume su responsabilidad en el marco de la CPE y las leyes, en el futuro puede ser pasible a responsabilidades por acción u omisión.
“Requiero a su autoridad (Gabriel Herbas) en el marco del artículo 24, 213 de la CPE y el artículo 31 de la Ley 1178, efectuar las medidas legales oportunas para que se audite e investigue a las personas detalladas en la lista que remito, la cual se me envió de forma oficial por la exministra Nemesia Achacollo”, señala el memorial.
El senador sostiene que hasta la fecha y desde que se descubrió la corrupción en el Fondo Indígena, la Contraloría no ha presentado al país un informe de auditoría que determine las responsabilidades administrativas y penales sobre el manejo de más de 200 millones de bolivianos que hubieran hecho en particular representantes de organizaciones sociales o de comunidades.
APREHENSIÓN
El exdirigente de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), Ramiro Galindo Chávez, fue aprehendido ayer martes por la Policía, debido a su supuesta responsabilidad en uno de los 30 proyectos “fantasma” del ex Fondioc.
De acuerdo con un informe de la entidad estatal, en proceso de liquidación, Galindo firmó como representante legal del proyecto de Introducción de Ganado Bovino en el Módulo Pecuario para una comunidad yurakaré del municipio Yapacaní. La obra requirió un presupuesto de 55.079, 20 Bolivianos, pero, no se ejecutó, según el reporte de la interventora.
El indígena yurakaré ahora será sometido a una audiencia de medidas cautelares. Según el informe de la liquidadora del Fondo Indígena, para los 30 proyectos inexistentes se entregó una suma de 14 millones de Bolivianos, que son recursos provenientes del IDH.
Galindo fue secretario de Tierra y Territorio de la Cpesc, de 2003 a 2011. En los últimos años, tras la división de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), se conoció que el exdirigente indígena trabajó de cerca con el directorio paralelo de Melva Hurtado.
El presidente de la Cidob, que es contestaría al gobierno del presidente Evo Morales, Adolfo Chávez, acusó a Ramiro Galindo de apoyar al Ejecutivo para dividir al organización matriz de pueblos de tierras bajas del país, en 2012.
