Una declaración jurada de bienes y rentas que no se adecúe a la realidad del funcionario puede llevarle a un proceso judicial. Así lo señaló ayer el contralor general del Estado, Gabriel Herbas Camacho, en la Villa Imperial.
“Por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Contraloría es depositaria de las declaraciones juradas. La verificación de la declaración jurada ya le corresponde al Ministerio de Transparencia”, dijo ayer el contralor.
Asimismo, indicó que, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz señala que cuando uno declara lo que no es correcto, comete un delito, a partir de eso puede plantearse otro tipo de delitos y además puede ser pasible a otro tipo de investigaciones.
Citando como ejemplo, detalló que, si alguien ha declarado de manera incorrecta su declaración jurada de bienes, eso significa que podían existir irregularidades de diferente orden y por lo tanto puede ser investigado por enriquecimiento ilícito u otro tipo de figuras en esa característica.
En Potosí se demostró que algunas personas tienen elevados patrimonios, mientras que algunos funcionarios sostienen que tienen cero bienes, lo cual tendría que ser verificado por el Ministerio de Transparencia en cumplimiento a sus específicas funciones.
"La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es bastante severa en estos temas; por lo tanto, todos los funcionarios públicos están en la obligación de hacer la declaración jurada más correcta posible", remarcó el contralor del Estado.