Dos exfuncionarios de la Secretaria de Minería de la Gobernación fueron aprehendidos ayer por el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción en esa oficina.
El fiscal departamental de Potosí, Antonio Leniz, afirmó que en las próximas horas el fiscal anticorrupción imputará oficialmente a las dos personas por delitos previstos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Por el momento, el fiscal no reveló los nombres y apellidos de los exfuncionarios de esa unidad, pero las dos personas, de sexo masculino, ya se encuentran detenidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Los dos hombres fueron detenidos como los principales sospechosos de causar un daño económico al Estado. Existen indicios responsabilidad que hacen presumir al fiscal que son autores de hechos de corrupción cuando cumplían labores en la secretaria de minería.
“A la fecha se está procediendo a imputar para que sean remitidos ante la autoridad jurisdiccional para que se defina su situación procesal”, informó.
Leniz afirmó también que existen algunas pruebas que se acumularon en el proceso de investigación como los formularios 101 y algunos documentos contra los aprehendidos.
“Hemos evidenciado que hubo un presunto daño económico al Estado y que por esta circunstancia la Gobernación del Departamento de Potosí hubiese procedido a formalizar su denuncia”, complementó.
Los investigadores aún no calcularon el daño económico del presunto daño causado al Estado, pero en el avance de la pesquisa se dará a conocer el monto económico.
De acuerdo con los datos obtenidos por el Potosí, los formularios 101 habrían sido manejados discrecionalmente al ser “revalidados” de manera ilegal por montos económicos que no estaban dentro del marco legal. El formulario 101 se utiliza para la salida de vehículos que exportan minerales.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas por la actual administración del Gobierno Departamental de Potosí.
Incluso, su titular, Juan Carlos Cejas, ordenó la intervención de la oficina de la secretaria de minería. Y, a partir de ese indicio, se denunció al Ministerio Público a principio de junio de este año.
En ese entonces, Cejas ya había declarado que tenía conocimiento de que se afectó económicamente a la institución. También dijo que tenía denuncias de que algún personal estaba sustrayendo documentos con la aparente finalidad de hacer desaparecer las pruebas que incriminarían a algunos exfuncionarios que trabajaban en la secretaria de minería.