La normal provisión de internet y telefonía a los cerca de 10 millones de usuarios que hay en Bolivia está en riesgo, tras la aprobación del proyecto de Ley 621 que obligaría a las telefónicas a bonificar un 100% adicional del servicio que brindan actualmente, afirma el sector de las empresas de telefonía. El sector alerta que, al haber sido una medida abordada de forma unilateral no se tomaron en cuenta las condiciones técnicas y económicas necesarias para un incremento de demanda de esas proporciones.
“La medida repercutirá en un significativo incremento de tráfico, lo que ocasionará inmediatamente una severa congestión en la red. Tras las medidas dictadas por las autoridades nacionales en el marco de la emergencia sanitaria, el tráfico en las redes se incrementó súbitamente más del 40% en promedio, con picos que pueden duplicar el tráfico histórico para el cual estaban preparadas las redes de telecomunicaciones. Una nueva medida que sólo contemple el incremento en la demanda del servicio sin considerar las medidas técnicamente necesarias para poder atenderlo razonablemente es simplemente una irresponsabilidad”, continúa la nota.
Añade que, a pesar de que el Sector de Telecomunicaciones intentó frustradamente explicar las implicancias de la medida, lastimosamente el proyecto de ley avanzó en la cámara de diputados sin consideración alguna a los aspectos técnicos, económicos y legales involucrados en una decisión como esta. Se han presentado propuestas innovadoras, sostenibles que buscan el mismo objetivo, sin embargo, no fuimos escuchados. Creemos un tema tan crítico y técnico como este no puede ser politizado, es irresponsable.
Es necesario recodar que la determinación del no poder cobrar a los usuarios facturas que datan del mes de enero a la fecha sólo ha llevado al sector a experimentar una severa iliquidez. Determinación que obligó a los operadores a la inmediata suspensión de todas las inversiones en tecnología, imprescindibles para brindar un adecuado nivel de servicio, de no implementarse medidas que permitan solucionar el tema de iliquidez, el sector corre el riesgo de colapsar con el consiguiente perjuicio para la sociedad.
Los servicios de telecomunicaciones son intangibles, pero tiene costo directo, las redes de telecomunicaciones son operadas y mantenidas por un sinfín de proveedores que día a día previenen y corrigen las caídas de servicio o realizan las instalaciones o distribuciones de productos, se deben pagar licencias por las tecnologías utilizadas, espectro y tasas regulatorias y sobre todo acceso a internet a los proveedores internacionales o de larga distancia. El incremento de demanda naturalmente obligó a los operadores a expandir sus capacidades al máximo sin incrementar el costo del servicio en absoluto. Pero seguir operando así es insostenible.
“El Sector de Telecomunicaciones ha realizado un enorme esfuerzo humano, técnico y tecnológico para mantener al país conectado y comunicado en esta crisis sanitaria, es lamentable que el Legislativo tome decisiones unilaterales, sin tomar en cuenta a las partes involucradas y estamos en la obligación de visibilizar que, con esta medida inconstitucional, solo se afectará al usuario final”, sostuvo Eduardo Trigo, Gerente de la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo).
Ante esto, el sector anticipa que no podrá hacerse responsable por el servicio, la calidad, la capacidad y la velocidad que reciban los clientes debido a la sobresaturación generada por la aprobación de la nueva normativa legal.
“Hacemos un llamado a todas las autoridades del país para tomar el tema con absoluta responsabilidad y que podamos llegar a consensos que permitan garantizar al pueblo boliviano la continuidad de los servicios”.
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