Con comprensible desesperación, y con el apuro muy concreto de quien necesita alimentos, combustible, medicamentos y certezas, una parte importante de la población boliviana exige soluciones rápidas. Las quiere inmediatas, simples y empaquetadas en frases breves y acciones concretas. Es comprensible. En tiempos de crisis, la paciencia suele ser un bien escaso.
Sin embargo, conviene decir algo incómodo: Bolivia sí tiene una salida. Pero no es la salida fácil. No pasa por menos democracia, sino por más democracia. No por la demolición de la política, sino por su reinvención. La salida está, precisamente, en más política y menos violencia estatal, sindical o callejera.
Vale recuperar aquí la célebre intuición de Antonio Gramsci: “Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.” Bolivia parece instalada exactamente en ese interregno turbulento: una feroz disputa por el poder económico, simbólico, político y social.
Por un lado, sobreviven quienes se resisten a aceptar el agotamiento del viejo modelo rentista estatal. Quieren reconstruir un esquema de distribución que ya perdió su principal combustible: la renta extraordinaria del gas. Pretenden reeditar una obra sin presupuesto, sin libreto y sin elenco.
Mientras tanto, los viejos corifeos de la hegemonía pasada, mascotas intelectuales del proceso de cambio, operadores políticos de baja calidad analítica y alta toxicidad discursiva, han vuelto a ocupar micrófonos, pantallas y redes sociales.
Su tarea es conocida: simplificar la historia hasta convertirla en propaganda y presentar como gesta emancipadora lo que, para cualquier observador comprometido con los principios democráticos, constituye una preocupante deriva autoritaria envuelta en retórica revolucionaria. La operación intelectual es rudimentaria pero eficaz: transformar el fanatismo político en virtud moral y revestir de heroísmo aquello que no deja de ser acto delincuencial.
También ha reaparecido una interpretación tan simplista como conveniente: racializar completamente el conflicto y presentarlo como una disputa entre una élite blanca y una mayoría indígena eternamente excluida. Incluso se utiliza el hecho circunstancial de que el actual Presidente haya nacido en España durante el exilio de sus padres.
Esta narrativa ignora que la Bolivia contemporánea es una sociedad profundamente mestiza y mucho más compleja de lo que sugieren los estereotipos.
Durante las últimas dos décadas, amplios sectores indígenas y mestizos accedieron a espacios de poder político, social y económico, particularmente a través del comercio, los servicios y la economía informal.
Nada de esto implica negar la persistencia del racismo y la necesidad urgente de superarlo en democracia. Pero reducir la realidad boliviana actual a la caricatura de “blanco rico Vs. indígena pobre” empobrece el análisis y oculta las profundas transformaciones sociales de los últimos años.
Al mismo tiempo, miles de personas humildes son movilizadas por dirigentes que explotan legítimos malestares económicos. Sin embargo, las élites sindicales masistas exhiben una capacidad de organización y financiamiento difícil de explicar únicamente por contribuciones voluntarias.
El cerco desplegado durante semanas tuvo características logísticas y económicas de gran escala, cuyos mecanismos de financiamiento permanecen envueltos en una preocupante opacidad. Todo ello sugiere la existencia de ecosistemas donde la informalidad, la ilegalidad y la impunidad conviven y se refuerzan mutuamente.
Además, el prebendalismo estatal no solo distorsionó la economía; también transformó profundamente a los movimientos sociales. Los dividió, cooptó y subordinó progresivamente a una lógica de distribución de beneficios.
Lo que alguna vez fueron organizaciones capaces de interpelar al poder terminaron convertidas, en demasiados casos, en clientelas dependientes del propio poder. El caso de la COB resulta particularmente ilustrativo.
La lógica prebendal creó círculos de privilegiados mientras en la base crecían la frustración y el desencanto. En términos simbólicos, podría decirse que se produjo un secuestro del ajayu revolucionario. El espíritu transformador fue reemplazado por la administración cotidiana de privilegios, lealtades y recompensas.
Pero el problema no termina allí. Del otro lado, lo nuevo tampoco logra nacer plenamente. Aún no aparece con claridad la cartografía intelectual sobre la cual caminará el próximo patrón de desarrollo. Faltan ideas articuladoras, liderazgos capaces de construir coaliciones amplias e instituciones adecuadas para sostener una transición compleja.
Sin embargo, como en todo parto difícil, la crisis también abre oportunidades. Pero ningún nacimiento complejo ocurre espontáneamente. Requiere liderazgos inteligentes, instituciones capaces y actores políticos que comprendan la profundidad del desafío. Una crisis de esta magnitud no se resolverá mediante repartijas burocráticas ni fotografías destinadas a simular unidad nacional.
La magnitud del desafío exige algo mucho más ambicioso: un gran pacto político, económico y social para estabilizar el país y recuperar el crecimiento.
El primer paso consiste en escapar de una falsa dicotomía: la que plantea que las únicas opciones son la inacción absoluta o el estado de excepción. Entre ambos extremos existe un amplio espacio para la política democrática, la negociación y la acción institucional.
Porque lo que enfrentamos no es simplemente un diálogo, sino una negociación de poder. Y las negociaciones reales no consisten en intercambiar discursos frente a cámaras; consisten en identificar intereses, modificar incentivos y construir acuerdos viables.
Al mismo tiempo, negociación no significa impunidad. Cuando se bloquea el paso de una ambulancia, se restringe el acceso a alimentos o se agrede físicamente a otras personas, existen responsabilidades que deben ser investigadas y sancionadas. No se necesita un estado de excepción para aplicar el Estado de derecho.
Pero precisamente porque estamos ante una disputa feroz por el poder, lo nuevo que intenta nacer necesitará algo más que coerción o discursos morales; necesitará negociar y pactar.
Primero, un acuerdo político básico capaz de estabilizar el terreno institucional. Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Edmúnd Lara y otros liderazgos con representación real no pueden seguir observando desde la tribuna mientras los fantasmas del pasado intentan administrar una economía exhausta. Son parte del problema, pero también parte indispensable de la solución.
No pueden seguir jugando al director técnico indignado que critica cada pase desde el borde de la cancha sin ingresar al campo de juego. Bolivia no necesita más comentaristas políticos ni especialistas en el “yo te dije”. Necesita jugadores dispuestos a asumir costos, negociar acuerdos dentro de la nueva coalición y construir una salida políticamente viable.
La tarea consiste en crear un nuevo bloque de poder democrático capaz de articular intereses diversos, sostener gobernabilidad y producir reformas económicas y sociales difíciles. Paralelamente, se requiere un pacto regional que reincorpore las múltiples territorialidades del país y, finalmente, un pacto económico y social que redefina incentivos, prioridades y reglas de convivencia para una nueva etapa histórica.
Porque estos pactos representan, en última instancia, la actividad más noble de la vida colectiva cuando la política se ejerce bien: el arte difícil, imperfecto y profundamente humano de construir lo posible para que las sociedades puedan convivir en paz y no precipitarse, una vez más, hacia la lógica estéril del conflicto permanente.
