Una de las frases que hizo famoso al ex presidente Evo Morales fue la que pronunció en agosto de 2008, en Sucre: “los abogados me dicen es ilegal, yo le meto nomás y les digo métanle nomás y después lo legalizan, para eso han estudiado”. Tremenda barbaridad la de quien, en su momento cumbre, se creía dueño de Bolivia y juraba que él y sus adláteres se quedarían en el gobierno por 500 años.
Tremenda barbaridad porque, bajo el sofisma de que el ordenamiento jurídico vigente en Bolivia le impedía llevar adelante su “proceso de cambio” y su “revolución democrática y cultural”, cometía atropellos de todo tipo. Tremenda barbaridad también, porque creía que los abogados estudian para “legalizar” ilegalidades.
Y así fueron los gobiernos del MAS. Violaron la propia Constitución Política del Estado que ellos mismos aprobaron, luego -eso sí- de la reunión del cuarteto de negociadores en dependencias de la Caja Nacional de Salud, que adoptó un texto distinto al que fue aprobado, de manera ilegal y a topa tolondras, en Oruro, después de los muertos de La Calancha en Sucre.
Con ese nefasto antecedente, Bolivia está asistiendo durante los últimos días a acciones que preocupan, como, por ejemplo, la decisión de aprobar cambios en la estructura del Órgano Ejecutivo mediante decreto supremo, práctica que fue adoptada por el MAS bajo el pretexto de que, desde 2009, había nacido un nuevo país que nada tenía que ver con la República de Bolivia y no era necesaria una ley que regulara el funcionamientop del Ejecutivo.
Hay también actos de soberbia, como el del ministro de Hidrocarburos, que interrogado acerca de la situación de la Directora Ejecutiva de la ANH, encubridora confesa de delitos cometidos por el masismo, dijo que gozaba de su confianza y punto.
Y se ha procedido a la dictación de decretos supremos contrarios a la Constitución Política del Estado, como se evidencia de la revisión del contenido de los Nº 5503 y 5515.
Todo ello ocurre bajo el pretexto de que el Estado es una cloaca, que el masismo robó al país durante 20 años, que hay dirigentes que ganan muchísimo dinero y afirmaciones semejantes a las que el MAS utilizó durante sus gobiernos para justificar sus atropellos.
El decreto 5503, además de tener “considerando” copiados del decreto supremo Nº 5358 dictado por Luis Arce, contiene normas inconstitucionales como la del artículo 9, que define que las inversiones acogidas al “Régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones”, gozarán de estabilidad jurídica y tributaria por un plazo de hasta quince (15) años, respecto de alícuotas y estructura de los tributos vigentes (artículo 9, parágrafo I, inciso a).
Cualquiera que conozca la Constitución, sabe que el artículo 158, numeral 23 determina de manera indubitable que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar o crear impuestos de competencia del nivel central del Estado, si bien es cierto que el Ejecutivo tiene la iniciativa en la materia.
Lo mismo sucede en relación a la aprobación de contratos prevista por el artículo 11 del decreto de marras, que regula el “contrato de inversión con efecto normativo”, disponiendo que “las inversiones estratégicas podrán formalizarse mediante Contrato de Inversión, suscrito entre el Estado y el inversionista, aprobado mediante Decreto Supremo”. La aprobación de contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo, es atribución de la Asamblea Legislativa, según dispone el mismo artículo 158, numeral 12.
En cuanto al decreto 5515, sobre el cual se ha escrito ya bastante durante estos días, queda clarísima su inconstitucionalidad, en tanto en cuanto el artículo 169, parágrafo II, de la norma suprema determina que “En caso de ausencia temporal (del presidente), asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días”. Clarísimo, si el presidente se ausenta temporalmente (y aquí se habla de ausencia en el sentido de ir de un lugar a otro, no en el de estar distraído o ensimismado) , lo reemplaza el vicepresidente, sin perjuicio del uso de recursos tecnológicos de última generación por parte de uno u otro.
No se puede aceptar que se vulnere la Constitución a título de que el vicepresidente se ha declarado opositor o es una persona con rasgos de personalidad complicados. Peor aún, como lamentablemente se ha escuchado, afirmando que es un “cholo” o que “No queremos a Lara ni a su gente”.
Paz Pereira escogió a Lara como candidato a vicepresidente ante la defección de su primer candidato y debería preguntarse por qué no averiguó en su momento sobre sus antecedentes y su manera de obrar, y no pretender solucionar el problema vulnerando la Constitución como lo hizo Evo Morales.
Eso de “Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley”, está bien para la canción mexicana, o para abusivos y soberbios al estilo de Donald Trump, no para alguien que se proclama demócrata.
