Mañana llega al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, según sus publicaciones oficiales, es “un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”.
La visita es importante debido a que, siempre según información oficial, “estará liderada por la presidenta de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, y estará integrada por el comisionado Joel Hernández, relator para Bolivia; las comisionadas Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; y Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres, así como por el comisionado Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad”.
Al leer las responsabilidades de esas relatorías, tenemos una idea de la información que estos comisionados van a recoger. Hasta ayer se había confirmado que visitarían cuatro ciudades, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, pero no se proporcionó detalles de su agenda. El hecho de que esté llegando la relatora sobre los derechos humanos de las mujeres hace presumir que se podría programar una visita a la expresidenta Jeanine Añez, que desde que se encuentra detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes ha denunciado lo que ella considera una sistemática violación a sus derechos humanos.
El caso de Añez amerita un análisis jurídico independiente. El gobierno no le reconoce su condición de expresidenta de Bolivia porque, si lo hiciera, estaría admitiendo que los supuestos delitos que ella pudo cometer en el ejercicio de ese cargo deben ser procesados mediante un juicio de responsabilidades, y no mediante la justicia ordinaria. Sin embargo, ya se ha emitido una primera sentencia en su contra, de diez años de cárcel, por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Reconocer su condición de expresidenta pasa, también, por el enfoque de lo sucedido en octubre/noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia, y Añez asumió como consecuencia de prelación constitucional. Como el gobierno califica a ese hecho de “golpe de Estado”, considera que Añez no fue, en realidad, presidenta constitucional. Hasta ahí, lo que tenemos es un conflicto jurídico resuelto por la vía política, lo que fácilmente puede calificarse como una arbitrariedad en el ejercicio del poder y la aplicación de las leyes, tema que cae en el ámbito de acción de la CIDH. Pese a eso, no se ha confirmado una reunión con la exgobernante y esta clama que los comisionados por lo menos reciban a su hija.
Otro hecho llamativo de esta visita es que no se ha considerado a Potosí entre las ciudades a ser visitadas. En la Villa Imperial existe un caso que ameritaría la atención de los comisionados: el del ex presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari, que ya lleva más de un año detenido por su supuesta participación en los hechos de octubre/noviembre de 2019. Su caso es diferente al de Añez porque, mientras aquella ya tiene sentencia —legal o no—, este otro sigue bajo la figura cada vez más cuestionable de la “detención preventiva”; es decir, una condición que solo debería durar mientras se investigue un caso, lo que no debería extenderse más allá de seis meses.
Desde su encierro en Cantumarca, Pumari ha clamado por la presencia de la CIDH, para que por lo menos asuma conocimiento de su situación, pero no se sabe si el pedido ha sido canalizado por la vía formal. Curiosamente, ni Comcipo ni los asambleístas del detenido se han movilizado para conseguir que los comisionados se trasladen hasta Potosí.
