EDITORIAL

Prevención de la violencia

El ministro de gobierno está recorriendo el país con actos públicos que se realizan en escenarios capaces de albergar a miles de personas y convoca a los estudiantes a aplicar criterios de seguridad ciudadana que, por una parte, proteja sus vidas, que suelen ponerse en riesgo cuando salen por las noches, y, por otra parte, que entiendan que es necesario erradicar la violencia, tanto en los hogares como en las escuelas y colegios.

Se trata, indudablemente, de un buen despliegue de buenas intenciones pero que, por los primeros resultados, no parece estar teniendo el efecto esperado.

La prueba es lo sucedido en Potosí, donde se congregó a los estudiantes nada menos que en el estadio “Víctor Agustín Ugarte”, que colmó sus graderías, y se les recordó que es preciso erradicar la violencia. Irónicamente, mientras las autoridades emitían sus mensajes, los alumnos de uno de los establecimientos presentes entonaban cantos misóginos en contra de las estudiantes de un liceo, que desfilaban en ese momento por el campo deportivo.

No fue lo único que pasó ese día. A la salida el evento, un numeroso grupo de alumnos del mismo colegio se apostó en una plaza próxima al estadio y, cuando llegaron los estudiantes, a quienes consideran sus rivales, los hostigaron e, incluso, golpearon, aprovechándose de su superioridad numérica.

Queda claro, entonces, que el mensaje de erradicación de la violencia no resultó, por lo menos en Potosí.

Con esos resultados, quizás sea mejor retomar la iniciativa de una reforma estructural de la Policía Nacional, principal responsable de velar por la seguridad ciudadana. Hay que admitir que, mientras esta entidad siga sufriendo los embates de la corrupción, el sectarismo y el corporativismo, no será posible cumplir esa tarea.

Esta reforma pasa por el cambio de sus mecanismos de selección de efectivos, formación y ascensos; la incorporación de expeditos sistemas de control y sanciones; despolitización radical y eficiencia operativa. Asimismo, por dotarle de los recursos económicos y técnicos suficientes, siempre y cuando previamente se regularice y haga transparentes sus sistemas de recaudación, actualmente manejados con total arbitrariedad.

Estamos hablando de seguridad ciudadana que, como su nombre lo indica, involucra a la ciudadanía. En este sentido, y pese a algunas oposiciones interesadas, es ineludible encarar con responsabilidad un proceso de desconcentración y descentralización de los diferentes servicios policiales, manteniendo un cuerpo restringido con jurisdicción nacional. Mientras el ciudadano no sienta que la Policía es fundamental para mantener su seguridad y no ejerza un eficiente control de esta labor, poco se podrá avanzar.

Este proceso es más importante aún en circunstancias en que los servicios de seguridad se van privatizando aceleradamente, situación que, más allá del beneficio en lo inmediato, implica un problema de proporciones en el mediano y largo plazos, porque se impulsa un proceso de “paramilitarización” que puede escapar del control de las autoridades. Hay experiencias en diferentes naciones que hacen temer por ese peligro y que aún estamos a tiempo de evitar. Esto, si finalmente hay una voluntad política explícita —no sólo retórica— de mantener el orden democrático y garantizar desde el Estado la seguridad de la población.

E otras palabras, la solución a nuestros recientes problemas de seguridad ciudadana, entre los que se cuenta a la violencia, no pasa por campañas ni por llenar estadios con estudiantes para aparecer en las imágenes con ese marco humano. Se trata de un conflicto estructural y su solución debe ser, también, estructural.


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