En junio del año que ya agoniza, la comunidad internacional reaccionó escandalizada frente a las detenciones de una veintena de líderes opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Acercándose a los dos centenares, en un año, los arrestos, apresamientos y secuestros se han hecho moneda común en el país centroamericano, pero entonces tenían una característica: muchos de los detenidos eran candidatos o potenciales candidatos para las elecciones de noviembre.
José Daniel Ortega Saavedra está a punto de cumplir 15 años de permanencia continua en el poder, pues reasumió la presidencia de Nicaragua el 10 de enero de 2007. Si a eso le sumamos los cinco años de su primer gobierno, entre 1985 y 1990, y los otros tres, de 1981 a 1984, cuando gobernó como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, tendremos 23 años, más de dos décadas de ejercer el mando en un país que tiene más o menos la mitad de los habitantes con los que cuenta Bolivia.
Ortega es otro ejemplo de aquel que se convirtió en lo que antes combatía: un dictador. Liderando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ayudó a derrocar al tirano Anastasio Somoza, pero ahora reproduce las prácticas de este, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad, altos niveles de corrupción y un nepotismo que ha llegado a tal extremo que hizo a su esposa, Raquel Murillo, vicepresidenta del país.
Cuando fue elegido presidente por primera vez, en noviembre de 1984, ganó con el 63 por ciento de los votos, pero su popularidad se deterioró rápidamente debido a que aplicó recetas comunistas, en connivencia con los países del bloque socialista. Por ello, en las siguientes elecciones, un bloque de hasta 14 partidos, agrupados en la Unión Nacional Opositora (UNO) lo derrotó y sacó del poder. Desde entonces, candidateó sin poder repetir su éxito del 84.
Para volver a ganar la confianza de la gente, cambió radicalmente y hasta mostró una actitud solidaria y humanista. Ganó en las elecciones de 2006 con casi el 38 por ciento pero, pese a que no era suficiente para gobernar con tranquilidad, desde entonces se dedicó a modificar la normativa de su país con el fin de no dejar el poder nunca más. Y consiguió su propósito hasta ahora, pero, para hacerlo, se convirtió en un dictador que no duda en cometer delitos si eso le garantiza su permanencia en el mando de la nación. La receta que ha logrado aplicar, con éxito, es la detención de opositores. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 puso en la cárcel a 171 de ellos. Así, sin rivales al frente, no le fue difícil ganar en su cuarta reelección con casi el 76 por ciento de los votos de una elección que fue denunciada de fraudulenta antes de realizarse.
La comunidad internacional ha expresado su repudio a lo ocurrido este año en Nicaragua, lo que incluye muertos en las protestas populares, y, cada vez que se votaba en foros internacionales, países como Cuba, Venezuela y Bolivia salían a su favor.
Como se ha visto que la receta funciona, ya está aplicándose en Bolivia. Comenzó con la detención de la expresidenta Jeanine Añez y prosiguió este diciembre con la del ex candidato a la vicepresidencia por la agrupación Creemos, Marco Antonio Pumari, que será enviado a la cárcel de Uncía supuestamente por seis meses. Decimos “supuestamente” porque la fórmula empleada con Añez, de sumar procesos, provocará que ese tiempo se extienda porque habrá otras audiencias de medidas cautelares para dilucidar las otras acusaciones.
Es apenas el inicio. El propio Evo Morales ya advirtió que otros opositores, como Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho, tienen que cuidarse. Todo indica que Bolivia ha comenzado a vivir una nueva era, una de represión a las libertades individuales al más puro estilo de la Nicaragua de Ortega.
