Resulta más que obvio que la disolución de la empresa estatal que era conocida como Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Aeronavegación Aérea (Aasana) es una movida para, por una parte, evadir el pago de su millonaria deuda y, por otra, con el fin de habilitar espacios de empleo para militantes y acólitos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Sin embargo, esos propósitos no opacan los grandes males por los que atravesaba la empresa, a la que afectó particularmente la mala práctica de un sindicalismo mal entendido.
Para empezar, hay que admitir que los paros se habían vuelto una rutina mensual. Los trabajadores de Aasana paralizaban los aeropuertos del país con demasiada frecuencia, dejando sin vuelos a miles de viajeros que debían movilizarse de una a otra ciudad, provocando un enorme perjuicio en sus vidas cotidianas y también daños económicos incalculables a las empresas y al país.
En este problema la responsabilidad era identificada en dos partes: por un lado la dirigencia de los trabajadores de Aasana y por el otro el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que es la cartera relacionada con la actividad de la aeronavegación comercial. Ambos demostraban aproximadamente cada 30 días su incapacidad de entenderse, llegando hasta el último instante encaprichados en sus respectivas posiciones y, cuando las papas quemaban, se buscaban desesperadamente en horas de la noche y la madrugada para intentar soluciones tardías.
En esas horas, mientras los pasajeros permanecían aglomerados en las afueras de los aeropuertos el ministro Édgar Montaño y los dirigentes de Aasana solo conseguían “comprar” tiempo con mutuas promesas que después no discutían oportunamente; y así se terminaba el nuevo plazo, pasaban los días y volvía otro paro.
Bolivia era el único país del mundo donde se paralizaban periódicamente las operaciones aéreas en los aeropuertos. Una actividad tan importante para la población, costosa y de responsabilidad internacional porque involucra el transporte de personas nacionales y extranjeras en combinaciones nacionales e internacionales y que era manejada como cualquier sindicato dispuesto a perjudicar al país sin mayores inconvenientes.
Cada parpo perjudicaba, en promedio, a unos 5.000 pasajeros diarios que eran afectados por la suspensión de vuelos nacionales e internacionales, con un daño estimado en unos tres millones de bolivianos.
Se llegó al extremo de que, en algunos aeropuertos, se desplazaron efectivos militares para resguardar las áreas y prevenir posibles actos de descontrol.
Según los informes de la dirigencia nacional, los principios de acuerdo fueron aceptados por t5odas las regionales, excepto Aasana de Santa Cruz y Trinidad que expresaron diversas observaciones y no estaban dispuestas a firmar.
Los trabajadores exigían pagos adeudados por varios meses, rechazaban un plan de reestructuración que contemplaba el retiro de 183 empleados y también exigían la renuncia de la directora nacional de Aasana, Arminda Choque Paca.
Como no se llegó a soluciones duraderas que le devuelvan al país la certidumbre en la operación de sus aeropuertos, se tuvo que recurrir a una medida extrema, la liquidación de la empresa. Este tipo de inestabilidades son las que más se conocen de Bolivia en el exterior y desincentivan la llegada de turismo al país. Nadie quiere venir a un país en el que los vuelos se suspenden el rato menos pensado por un conflicto de los trabajadores de las terminales aéreas con el gobierno.
