La semana pasada se desarrolló la designación y posesión simbólica de nuevas autoridades jerárquicas del Sistema Educativo Plurinacional (SEP), de las que sobresalen los nueve directores departamentales, 27 subdirectores de Educación Regular, Superior de Formación Profesional, Alternativa y Especial. Asimismo, más de dos centenares de directores distritales y sobrepasan el millar de directores de unidades educativas y centros de educación especial.
En los diferentes actos protocolares de posesión, algunas autoridades del Ministerio de Educación, dirigentes del magisterio urbano y rural afines al gobierno, aseguraron que el proceso de institucionalización fue uno de lo más transparentes de la última década, instando a los nuevos gestores educativos el fiel cumplimiento de la Ley Nro. 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
Referidas aseveraciones carecen de veracidad y tienen el objetivo de maquillar el nefasto proceso de institucionalización a cargos directivos del SEP, gestiones 2021, 2022 y 2023. En la mayoría de los casos, las Comisiones Evaluadoras Interinstitucionales incumplieron dolosamente el marco normativo de la Convocatoria Pública Nro. 001/2020 y su Reglamento; principalmente en los requisitos indispensables para la calificación del postulante; vale decir, por presión de algunos entes del magisterio urbano y rural, se exigió aval sindical y certificación de años de servicio que conculcaron derechos fundamentales de los postulantes afectados.
El instrumento estratégico que se utilizó para favorecer a algunos postulantes en la calificación final, sin duda alguna, fue el bendito Proyecto de Gestión Académica, Institucional y Curricular. En el caso de cargos directivos departamentales y distritales tuvo una ponderación de 20%, en cambio, para direcciones a Unidades Educativas y Centros de Educación Especial el 10%.
El favoritismo tuvo tres niveles, el primero; político partidario, que benefició a militantes del Partido Comunista de Bolivia (PCB) y el Movimiento al Socialismo (MAS). El segundo nivel, relacionado al padrinazgo sindical, adeptos y allegados a las confederaciones y federaciones del magisterio urbano y rural. El tercer nivel, sorprendentemente eclesial, los curas y monjas responsables de obras educativas de convenio eligieron a sus directores.
El favoritismo en sus tres niveles fue determinante para que muchos postulantes a cargos directivos del SEP sean ahora autoridades gracias al bendito proyecto, sin embargo, en la mayoría de los casos con bajas calificaciones en el examen de competencia y méritos profesionales. Por tanto, el único camino para demostrar que se incumplieron los principios de legalidad, transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades, es gestionando la concreción de auditoria interna y externa a las tres fases del proceso de institucionalización.
