Es inminente que otra crisis inicie, si no reaccionamos a tiempo, y tiene que ver con los medios de subsistencia o también llamados alimentos, considerando que ya somos más de 7,700 millones de habitantes en la Tierra; de los cuales 1,400 sufren “pobreza extrema” y casi 820 padecen “hambre crónica”, no tienen acceso al agua potable y a servicios básicos como la salud, la educación y otros.
El COVID19, que es una de las casi 40 especies de coronavirus que conviven con los humanos desde hace más de 5,000 años, ha puesto en evidencia nuestras debilidades y tiene contra las cuerdas a lo que conocemos como “civilización”. Nada ha detenido su avance y crecimiento en contagio. Los primeros países en mostrar mayor tasa de mortalidad -hasta hoy- son los de Europa (Italia llegó al 12.3%, España al 9.6% y Reino Unido al 2.9% al 5 de abril) y Estados Unidos (2.9% a la misma fecha); países auto identificados como del “primer mundo” y con sistemas de salud “modélicos”.
En Sudamérica, donde ya hemos superado los 427 millones de habitantes, lo que está ocurriendo en Brasil (681 fallecidos) y Ecuador (191 fallecidos), a inicios de esta semana, es una señal poco alentadora de lo que puede pasar en el resto de países, considerando que la expansión del COVID19 encuentra escenarios políticos tensionados fragmentados y dediles, sistemas sanitarios ineficaces deficientes y colapsados y economías precarias y en incertidumbre.
Estamos en un momento crucial de la historia humana en el que se requiere respuestas integrales a nivel de Estados y globales a nivel de la comunidad internacional. No sólo está en juego la vida, sino también la subsistencia de la especie humana, si nuestras autoridades -en los diversos niveles de gobierno del Estado- no adoptan medidas tendientes a garantizar la “seguridad alimentaria”; término que alude tanto al suministro como a la demanda de alimentos a través de su disponibilidad, el acceso económico suficiente de las personas a ellos y su diverso y nutritivo aprovechamiento biológico de los mismos.
En este contexto, siguiendo lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura - FAO, a partir de su experiencia de la crisis de 2007-08, cualquier medida que adopten los Estados “debe estar orientada a proteger a los más vulnerables… y mitigar los efectos de la pandemia en el sistema alimentario”. Añade que “los responsables políticos de todo el mundo deben… hacer que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria totalmente evitable”.
En esa perspectiva, resulta evidente que el sistema alimentario mundial está también en prueba. Lo más probable es que estemos produciendo menos alimentos, como consecuencia de las medidas adoptadas en cada país como las restricciones de movimientos y escases de fertilizantes y medicamentos veterinarios y otros insumos, en el marco de las cuarentenas, que podría afectar a la producción agrícola y ganadera. Cuenta además que el cierre de restaurantes impacta en las compras en tiendas de comestibles y que se ha reducido la demanda de productos frescos y pesqueros, lo que está afectando a productores y proveedores y que la agricultura y la pesca están siendo seriamente afectados por la paralización de la industria del turismo, el cierre de negocios de comida y la suspensión de la alimentación escolar, entre otras actividades.
En este contexto, los segmentos que ya están sufriendo más son los pobres y la población en situación de vulnerabilidad (migrantes, desplazados, los que padecen conflictos, niños y niñas, personas de la tercera edad, pequeños agricultores, ganaderos y pescadores, etc.), los sectores comprendidos en la cadena de producción de alimentos deben ser escuchados. Pasar por alto propuestas que parten de la realidad y lo vivencial, por ejemplo de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú que apuntan a la erradicación del hambre y la construcción de sistemas agroalimentarios inclusivos y sostenibles, es sumar a la materialización de la inminente crisis alimentaria.
Ya es atentatorio para la vida sufrir sistemas de sanidad pública y protección social con capacidad limitada y en muchos casos irreal, como para -también- sumar inseguridad alimentaria en nuestros pueblos. Por eso se debe evitar medidas que afecten a la producción y el comercio agrícolas. Las frutas y hortalizas frescas, el pescado y los productos pesqueros, deben seguir llegando a nuestras mesas.
