Las palabras del presidente Evo Morales, que pidió a los dueños de medios de comunicación que sean más responsables con el manejo de la verdad, puede interpretarse de diferentes formas —desde la ciencia, la lógica, las matemáticas y la filosofía—, pero, como provienen de un político, entonces la respuesta debe orientarse hacia esa actividad del quehacer humano.
Y la respuesta política a un pedido de responsabilidad con la verdad es que esta no es la misma para todos. Básicamente, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, así que es un absurdo pretender que sea la misma para todos.
Desde ese punto de vista, una es la verdad del gobierno y otra, muy distinta, la de la oposición. Y, por más que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) diga representar al pueblo, la verdad de este partido no es la de la gente común.
Por ello, cuando el presidente pide responsabilidad con la verdad, cabe preguntarse cuál de ellas, si la suya, en la que existe un país sin ningún problema y avanzando vertiginosamente hacia su desarrollo, o la de la oposición en la que Bolivia se aproxima al despeñadero debido a que el partido en función de gobierno atropella la Constitución al volver a postular a los primeros mandatarios que ya cumplieron sobradamente sus periodos de gobierno.
En la verdad del presidente, el gobierno ha cumplido con su compromiso de eliminar la obligatoriedad de publicación de avisos en los medios de comunicación social y ahora espera que la prensa también cumpla su palabra. En la verdad de la prensa, queda por saber qué es lo que el presidente quiere que se cumpla y, en cuanto a la referida eliminación, lo que está ocurriendo es que se reencausa la legalidad, por lo menos en lo que hace a ese tipo de avisos.
Y es que, hasta ayer, los medios de comunicación social del país estaban obligados a publicar mensajes respecto a varias leyes promulgadas por el gobierno porque así se establecía en estas. Son los casos, por ejemplo, de la Ley 348 o la de trata y tráfico de personas. El detalle es que no son solo dos las leyes que obligaban a ello sino otras que, en conjunto, representaban una serie de obligaciones que los medios debían cumplir al pie de la letra si no querían ser sancionados por el gobierno.
Ahora bien, la verdad del presidente no toma en cuenta que la emisión de publicidad sin el debido pago por ello equivale a hacer trabajar gratis a una persona y eso está en contra de la Constitución Política del Estado.
El artículo 46 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho “al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio…” y, por si fuera poco, señala, casi de inmediato que “se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”. En la verdad de la prensa, obligar a que los medios publiquen o emitan avisos gratuitos equivalía a trabajo sin paga y era, en realidad, realizar labores sin consentimiento ni justa retribución.
En la verdad del presidente, él le está haciendo un favor al periodismo. En la verdad de la prensa, se repara una flagrante y diaria violación a la Constitución Política del Estado.
