A las muchas malas noticias que casi a diario se publican sobre la pésima manera como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está conduciendo el proceso electoral en curso, se ha sumado la difusión de una carta enviada por el embajador de la Unión Europea en nuestro país, en la que expresa su preocupación por la demora en la ejecución del programa Sistema de Gestión de Calidad de los Programas Electorales, lo que pone en riesgo el financiamiento por un monto de 200.000 euros (228.000 dólares) otorgados para la ejecución de ese plan en un periodo de 12 meses.
La carta contiene, además, una severa advertencia sobre los peligros que se ciernen sobre la democracia boliviana. Señala que, si se mantienen las actuales circunstancias, la UE se vería obligada a retirar su apoyo al Órgano Electoral, un apoyo dirigido principalmente a mejorar la transparencia de los procesos electorales. Es decir, sería un golpe mortal contra la credibilidad y confianza sin las que ningún acto electoral puede dar lugar a un gobierno legítimo.
El programa que está a punto de ser privado del apoyo europeo cuenta con dos componentes principales. El primero, consiste en establecer un sistema de certificación de calidad, que se refiere a la revisión, auditorías de los procesos electorales sobre gestión de calidad democrática, los jurados electorales, cómo se nombra a los jurados, las contrataciones del Órgano Electoral, entre otros. El segundo componente es el apoyo a la promoción y difusión de la información ciudadana sobre los cómputos electorales.
Como es evidente, el asunto es de máxima gravedad. Para entender en su justa dimensión lo que eso significa, basta ver la actual situación de Venezuela, Nicaragua y Honduras, tres países sumidos en un verdadero colapso de su sistema político. Un colapso cuya causa directa fue la falta de transparencia con que se realizaron las elecciones de sus respectivos gobernantes.
No podía esperarse otro resultado pues el pilar principal de un sistema democrático, y por consiguiente de la legitimidad de los gobiernos elegidos, es la confianza, la transparencia de todo el proceso y muy especialmente de la manera como se cuentan los votos.
Lo que está en juego, pues, es nada menos que la legitimidad democrática. Es lo que Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Juan Orlando Hernández perdieron en circunstancias muy parecidas, casi idénticas, a las que nos está conduciendo el descrédito del Órgano Electoral de nuestro país y, muy principalmente, de su principal brazo operativo, el Tribunal Supremo Electoral.
Como manifestamos repetidas veces desde este mismo espacio, el TSE ha observado una conducta que ya ni siquiera puede calificarse de sospechosa sino de desenmascaramiento total ya que la mayoría de sus acciones están dirigidas a favorecer al binomio oficialista. A eso se suma el hecho de que, por las observaciones diarias, la evidente ausencia de institucionalidad del tribunal, las presiones que se ejecutan al interior y el descarado solapamiento a la candidatura gubernamental, muchos de sus funcionarios, incluidos vocales y una expresidenta, han renunciado a sus cargos.
Dada la actual tendencia del proceso político boliviano, es muy probable que si en las urnas se impone el de por sí ilegal binomio Evo Morales - Álvaro García Linera, le espere un destino similar al de Nicolás Maduro. Razón más que suficiente para tomar en serio las advertencias de la UE y exigir una inmediata rectificación del rumbo que está conduciendo hacia el colapso de la democracia.
