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EDITORIAL

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11 Octubre 2018
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Aunque no haya sido ninguna sorpresa, la evidente partidización para elegir al nuevo fiscal general del Estado es un mensaje, aparentemente involuntario, y, al mismo tiempo, un síntoma de división en el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

La partidización no tiene que ver necesariamente con la elección de un militante masista, inscrito como tal en los registros de esa organización política. Juan Lanchipa es, como se ha publicado en la mayoría de los medios de comunicación social, un hombre no solo comprometido con el partido en función de gobierno sino que tiene evidentes vínculos con el presidente del Estado. Fue él quien lo nombró para cargos clave e incluso le confió la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. Por tanto, el MAS no puede decir que el nuevo fiscal general no le responde porque este, cuando menos, le debe gratitud.

Pero… a estas alturas… ¿cuánto importa que un cargo tan importante estén tan evidentemente politizado? Al parecer, al MAS no le interesa mucho. Su actitud con la institución constitucional denominada Defensor del Pueblo lo dice todo. Recuérdese que, cuando Rolando Villena fue elegido como defensor, el presidente le dijo que su función era defenderlo a él, porque él encarnaba al pueblo. Eso, que parecía un chiste, se hizo realidad después, cuando se eligió un defensor tan funcional al gobierno que le cuesta mucho hacer creer que no lo es.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, hay que admitir que el saliente Ramiro Guerrero se esforzó por demostrar independencia funcional aunque, finalmente, no haya podido tapar el sol con un dedo. Quizás hubiera dejado el cargo sin demasiada mancha pero el escándalo del caso Jhiery Fernández lo puso en evidencia.

Con ese antecedente, ¿cuánto podemos esperar del nuevo fiscal general? ¿Habrá, como dice el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, autonomía funcional? No importa cuánto desmientan los fiscales, lo cierto es que, en los últimos años, estas autoridades se han caracterizado más por perseguir, y encarcelar, a opositores que por “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes”.

No hay mucho espacio para la duda. Los antecedentes señalan que el nuevo fiscal general será funcional al gobierno y el mensaje que recibimos de su elección es que a los asambleístas del MAS ya no les preocupa la institucionalidad.

Pero, además, está el detalle de la división. Como el oficialismo tiene los dos tercios necesarios para controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional, el cuoteo de los cargos que pasan por esa instancia ya no es multipartidario sino que está monopolizado por el partido en función de gobierno. Como quien finalmente decide quién o quiénes serán elegidos es el MAS es este partido el que, en los hechos, decide quién o quiénes ejercerán los cargos cupulares. El detalle es que, como se ha visto en la elección del fiscal general, hay corrientes al interior de ese partido que pugnan por copar los espacios de poder.

En la elección del fiscal general no hubo postulantes sino representantes de tendencias internas del MAS. El que ganó fue el candidato de uno de los ministros así que perdieron los que fueron apadrinados por otros.

Y así es como comienza la gestión de la nueva máxima autoridad de la magistratura coadyuvante del Ministerio Público.

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