La Asamblea Legislativa Plurinacional elegirá este día al profesional abogado que reemplace a Ramiro Guerrero como fiscal general del Estado. Se trata de una designación que ha concitado la atención ciudadana no solo por la importancia del cargo sino por los efectos que persisten del bullado caso del injusto encarcelamiento del médico Jhiery Fernández.
Tras la depuración, en la que primaron las preferencias oficialistas, son 26 los postulantes que están en carrera, todos varones y con una notoria mayoría de profesionales abogados procedentes de Santa Cruz. Si de orígenes se trata, llama la atención la escasa cantidad de aspirantes con origen o sede en Sucre que, por su condición de capital del Estado e imposición constitucional, es sede no solo del Órgano Judicial sino del Ministerio Público.
Durante años, los fiscales generales, antes llamados de la República y hoy del Estado, eran mayoritariamente chuquisaqueños por la comodidad que representaba vivir en Sucre y ejercer el cargo en esa sede. Guerrero no fue la excepción ya que, aunque potosino de origen, vivió la mayor parte de su vida en Sucre.
Ahora, en cambio, lo más probable es que el nuevo fiscal general sea un abogado que no viva en Sucre así que tendrá que cambiar su residencia. Por esto mismo del origen, otro detalle a considerar es el alto porcentaje de potosinos que aparecen entre los 26 postulantes, lo cual incrementa la posibilidad de que la próxima autoridad del Ministerio Público sea alguien de este Departamento.
Pero… ¿qué tanto pesa el origen a la hora de ejercer el cargo? Los sucrenses, en particular, y chuquisaqueños, en general, son los principales testigos de que tener a uno de los suyos en su cargo no representa mayores ventajas. Las inversiones en infraestructura y equipamiento, las creaciones de ítems y designaciones obedecen a patrones distintos a la cuestión regional.
Lo propio pasó con Potosí cuando el cargo de fiscal general tuvo que ser desempeñado, temporalmente, por el fiscal de distrito (con la nomenclatura anterior) de este Departamento debido a las ausencias tanto del fiscal general como del de Chuquisaca. La presencia de Guerrero, acogido en la Villa Imperial como hijo pródigo, tampoco ayudó mucho porque las cosas no mejoraron significativamente.
Habrá que olvidar, entonces, la cuestión regional —o regionalista— y concentrarse en lo verdaderamente importante; es decir, la esencia del cargo de fiscal general del Estado que, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, la número 260, es la máxima autoridad de la institución “que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales” (artículo 2).
A partir de ahí es que comienzan las preguntas: “¿qué tan representados nos sentimos por el fiscal que se va?, ¿y por sus antecesores?, ¿cómo nos pareció que actuaron los fiscales generales?, ¿defendían los derechos y garantías constitucionales o, por el contrario, utilizaban el Ministerio Público para perseguir a los adversarios políticos del gobierno?
Las respuestas a esas preguntas —que en muchos casos obedecerán a criterios personales— permitirán evaluar a la autoridad que hoy deja el cargo.
Sin embargo, al margen de las opiniones individuales, existe un criterio mayoritario respecto a la gestión de Guerrero y este no tiene que ver precisamente con su desempeño sino con el triste papel que jugó, hasta el último momento, en el caso del bebé Alexander.
Cuando el Ministerio Público acusaba, imputaba y pedía cárcel para un inocente… ¿estaba defendiendo los derechos y garantías constitucionales? Y detrás de los fiscales de materia estaba, obviamente, un fiscal general cuyo involucramiento en el caso se hizo evidente al enfrentar al periodista que más investigó este asunto.
